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8M 2022

Un total de 45 empresas de la provincia deberán contar con planes de igualdad

Desde CCOO lamentan que la administración local todavía va con retraso en su implantación
Un total de 45 empresas de la provincia deberán contar con planes de igualdad
08/03/2022 - Dolo Cambronero

La provincia de Cuenca cuenta con un total de 45 empresas de más de 50 trabajadores, las cuales deberán tener ya listo este 2022 un plan de igualdad con el fin de corregir las brechas de género y de acabar con las discriminaciones directas o indirectas hacia las mujeres, según precisa la secretaria general de CCOO de Cuenca, María José Mesas.

El Real Decreto-Ley 6/2019, de 1 de marzo, de medidas urgentes para garantía de la igualdad de trato y de oportunidades entre mujeres y hombres en el empleo y la ocupación, que modifica la Ley Orgánica de Igualdad, redujo de 250 a 50 el número de trabajadores necesario en una empresa para que fuera obligatoria la negociación del plan de igualdad.

La normativa estableció un periodo transitorio para el cumplimiento de esta medida, que se ha ido implantando de forma progresiva durante los tres años siguientes a la entrada en vigor del Real Decreto-Ley, dependiendo del tamaño de los negocios.

 

Las últimas empresas en adaptarse deberán ser las de 50 a 99 trabajadores, que en el caso de la provincia de Cuenca ascienden a 20 y que tendrán que comenzar a trabajar a partir del 7 de marzo para trazar esta herramienta que busca la igualdad de trato y de oportunidades en el ámbito laboral.

La mayor parte del tejido empresarial conquense está formado por empresas cuyas plantillas no superan los 50 empleados por lo que la normativa no afecta a un número muy grande (45 negocios del total de 13.394). Aún así, además de los citados 20 que tendrán que hacerlo a partir de ahora, hay otros 25 que ya lo han hecho (16 de 100 a 199 trabajadores; tres de 200 a 499; cuatro de 500 a 999; y dos de más de 1.000).

“Estos planes de igualdad tienen que venir a corregir todas las brechas no solo salariales sino de categorías y la discriminación directa e indirecta en las empresas y administraciones públicas”, apunta Mesas. Sobre estas últimas, lamenta que a pesar de que están obligadas desde 2015 a contar con esta herramienta, los planes “brillan por su ausencia” en la administración local.


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