“La transición justa ya no es una consigna: es una realidad y una oportunidad"
En enero de 2026, el Parlamento Europeo aprobó por amplia mayoría un informe que insta a la Comisión a presentar una ambiciosa Directiva de Transición justa en el trabajo. Al mismo tiempo, en España se ha abierto la consulta para la estrategia de Transición justa 2026-2030 y el gobierno de España ha anunciado el Fondo soberano “España Crece” para movilizar hasta 120.000 millones para reindustrialización en IA, energía y vivienda. Estos no son anuncios aislados; son el campo de batalla donde se decide si la triple transición (digital, ecológica y demográfica) se hace con la clase trabajadora o contra ella. Las organizaciones sindicales no podemos limitarnos a opinar y criticar desde fuera; debemos entrar de lleno en la gobernanza de estos fondos y en la dirección de los intereses de las personas trabajadoras de nuestro país, región.
La triple transición es una disputa de poder, no solo de tecnología. La cuarta revolución industrial ya no es algo “del futuro”: La IA, la automatización masiva y la descarbonización acelerada están reconfigurando el empleo, el territorio y la soberanía de las naciones. China ha pasado de ser la fábrica del mundo a líder innovador con inversión pública masiva; EE.UU. mantiene su hegemonía con los subsidios/ayudas fósiles y una apuesta potente militar-industrial; Europa, fragmentada en los últimos años y con reglas fiscales que priorizan la defensa sobre la inversión verde/social pierde terreno. En España, la oportunidad es clara: renovables baratas como imán industrial, así de simple.
Estamos viendo una creciente e imparable instalación de centros de datos depredadores de consumo de agua y energía sin generar un gran empleo, unas redes eléctricas, en algunos casos, colapsadas y una paulatina despoblación rural que agrava los riesgos climáticos (incendios, DANAs). Humanizar estas transiciones significa disputar la lógica de acumulación del capital. La transición no será verde, ni digital, si solo beneficia a unos pocos.
Los fondos públicos son la mayor oportunidad de la década. El nuevo fondo “España Crece” y los futuros fondos de Competitividad son instrumentos potentes para la “Soberanía Industrial” de nuestro país y región. Sin embargo, sin un control sindical, financiaran deslocalizaciones encubiertas o proyectos cortoplacistas. Y esto, lo hemos visto y sufrido en Castilla-La Mancha años atrás (Elcogas, Mahle, Gamesa, etc). La Directiva de Transición Justa que impulsa el Parlamento de la UE, exige anticipar cambios, proteger contra despidos injustificados, garantizar la formación y participación de las personas trabajadoras, mediante sus representantes sindicales, en los procesos de transformación.
Mas allá de la negociación colectiva, los sindicatos tenemos poder real en la previsión social complementaria, (fondos que tienen como principal objetivo complementar las prestaciones públicas y nunca sustituirlas). El mecanismo es a través de las comisiones de control puesto que podemos imponer criterios éticos, sostenibles y de arraigo territorial en las inversiones de los fondos de pensiones reorientando miles de millones de euros hacia la transición justa. Si el capital de las personas trabajadoras no financia la precarización, la vigilancia algorítmica o la depredación territorial, cambiaremos el rumbo.
No cabe duda que para aprovechar al máximo las potencialidades derivadas de los cambios y avances tecnológicos y, al mismo tiempo, minimizar el impacto negativo que éstos pueden tener sobre los intereses económicos-laborales de las personas trabajadoras, resulta prioritario asegurar la participación de éstas en la planificación, en la evaluación del impacto y en el correcto funcionamiento de los cambios tecnológicos introducidos. Y los derechos de información y consulta y competencias que nos otorga el artículo 64 del Estatuto de los trabajadores buscan promover la colaboración y la transparencia en las relaciones laborales.
La competitividad europea y española no puede sustentarse en tener unos bajos salarios, sino de invertir más en capital humano e I+D propio. La formación continua ante la IA y automatización debe ser derecho irrenunciable para una sociedad que quiere progresar. La acción colectiva en la UE debe evitar que seamos un mero espectador ante China y EE.UU. España puede y debe ser referente en combinar inversión verde, garantizar un salario digno de las personas trabajadoras y la cohesión social.
Un ejemplo claro de inversión verde es Castilla-La Mancha es la generación de energía renovable actual. A lo largo de 2025 las renovables han generado el 68,7% de la energía en la región frente al 31,3% de la no renovable. La ciencia nos señala que las renovables son la única oportunidad para configurar la soberanía energética de nuestro país al carecer de otras fuentes de energía.
La transición será justa o no será. Con la Directiva Europea en marcha, la estrategia 2026-2030 en consulta y el recién creado fondo “España Crece” tenemos una ventana de oportunidad histórica. Y aquí, las organizaciones sindicales debemos pasar de la resistencia a la ofensiva disputando la gobernanza de los fondos, condicionando las inversiones públicas y reorientar el capital de las personas trabajadoras hacia la soberanía tecnológica, justicia social y equilibrio territorial.
Europa no puede ser un continente de servicios low-cost mientras otros dominan la industria del futuro. El control social del capital y la intervención pública son las únicas garantías de que el mañana pertenezca a quienes lo construyen con su trabajo. Ha llegado el momento de entrar en las mesas de negociación donde se decide todas las transformaciones.
Ángel León
Secretario de acción sindical CCOO Castilla La Mancha
