Una necesidad urgente
Hay ya cinco millones de euros consignados en los Presupuestos Generales del Estado para su creación pero hoy por hoy no hay detalles de cómo será el proceso de su puesta en marcha y su posterior desarrollo y configuración. Hablo de esa agencia o ese centro nacional de salud pública que nuestro país, al contrario que bastantes otros de su entorno, no tiene y cuya absoluta necesidad ha puesto más que de manifiesto la actual pandemia coronavírica.
Una agencia que, cual opinan los expertos – desde los que estos días se han dado cita en la XXXII Escuela de Salud Pública de Menorca al prestigioso catedrático de Epidemiología de la Universidad de Harvard Miguel Hernán, uno de los especialistas a los que, entre otros, recurrió nuestro gobierno para recibir asesoramiento en la peor parte de la crisis sanitaria, en bien recientes declaraciones– debería conformarse como un organismo independiente que, configurado bajo la forma jurídica de agencia estatal y debería estar conformada por científicos respetados que, coordinando toda la inteligencia en salud pública que aporta el Centro Nacional de Epidemiología y teniendo flexibilidad y capacidad para reunir las mejores capacidades de las Comunidades Autónomas, así como también de centros científicos o técnicos, y actuando como una institución líder, proporcionara información fiable a nuestros gobernantes y elaborara recomendaciones que puedan servirles de guía y base para que luego ellos, teniéndo en cuenta la una y las otras, tomaran las correspondientes decisiones de actuación política.
Es una institución absolutamente necesaria para coordinar funciones que actualmente están en nuestro Estado dispersas por la administración, descoordinadas e infradotadas y que, bien diseñada y bien gestionada, evitaría, cara a futuras crisis, problemas como los que hemos padecido en la lucha contra la covid; una institución tan necesaria en el campo de la sanidad como, en palabras del citado Miguel Hernán, la agencia tributaria para la fiscalidad. Una agencia que –voy a seguir haciéndome eco de las declaraciones de este especialista– tendría como función primordial el control y prevención de enfermedades y otros problemas de salud, desde las enfermedades infecciosas y la obesidad hasta las consecuencias sanitarias del cambio climático, y que para conseguirlo emplearía a técnicos e investigadores que generarían evidencia y harían esas mencionadas recomendaciones al ejecutivo.
Un organismo, también, cuyos informes, basados en su elaboración en criterios de transparencia deberían ser públicos, y que asimismo debería jugar un papel clave en la comunicación con la ciudadanía y en la formación continuada de profesionales de salud pública en trabajo de campo y otras actividades.
Es la suya una carencia que ya se había venido señalando –la Ley General de salud Pública de 2011 ya contemplaba la creación de un organismo que centralizase las competencias de salud pública– pero que no se había llegado a ponerle solución. Exijamos que, prosiguiendo y concretando la citada consignación presupuestaria y ampliándola y concretando su realización con las citadas directrices se lleve a cabo lo antes posible.
