Un informe demoledor
A finales de año –en concreto el 10 de diciembre– se cumplirán los setenta y cinco años de la proclamación en París por la Asamblea General de las Naciones de la Declaración Universal de Derechos Humanos, un documento surgido de las cenizas de la guerra mundial que ponía negro sobre blanco por primera vez los derechos humanos fundamentales que debían protegerse en el mundo entero como ideal común por el que –se señalaba en ella– “todos los pueblos y naciones deben esforzarse, a fin de que tanto los individuos como las instituciones, inspirándose constantemente en ella, promuevan, mediante la enseñanza y la educación, el respeto a estos derechos y libertades, y aseguren, por medidas progresivas de carácter nacional e internacional, su reconocimiento y aplicación universales y efectivos”. Siendo cierto que, bendita sea, ha inspirado y allanado el camino para la adopción de más de setenta tratados sobre estos derechos que hoy en día se aplican de manera permanente a nivel mundial y regional y que quizá no hubieran sido posibles sin su proclamación y el impulso derivado de su existencia, también lo es que, por desgracia, hoy por hoy nuestro atribulado mundo dista muy mucho de haber alcanzado ni por lo más remoto sus objetivos. Bien viene a demostrarlo el reciente Informe Anual de Amnistía Internacional –el correspondiente al pasado 2022– que ya en el primer párrafo de su texto introductorio deja más que claro cómo las organizaciones que precisamente se preocupan de esos derechos humanos llevan más de diez años advirtiendo del deterioro persistente que se está produciendo en el respeto a ellos y al propio Estado de derecho. Un informe demoledor que viene a recordarnos cómo aparte de la invasión de Ucrania que se iniciaba en febrero y que además de las inmediatas realidades de destrucción de vidas e infraestructuras ha provocado una crisis energética mundial y ha contribuido a debilitar los sistemas de producción y distribución de alimentos dando así paso a una crisis alimentaria global, 2022 trajo a nuestro día a día planetario más conflictos y más letales –la guerra de Etiopía se recrudeció, el año fue el más mortífero para la población palestina de Cisjordania en un decenio, las fuerzas armadas de Myanmar castigaron sistemáticamente a la población civil karen y karenni del país y la población de Haití, Mali, Venezuela, Yemen y muchos otros lugares sufrió el azote de conflictos armados o violencia sistémica y las consiguientes violaciones de esos sus derechos humanos– a tan desastroso panorama habría que sumar, cual hace el Informe, más catástrofes climáticas, más petróleo y menos reparación, un doble rasero entre países ricos y países pobres ante las consecuencias del propio conflicto bélico ucraniano o la pandemia de la Covid-19, la vulneración en Brasil, Canadá, Suecia, Tanzania y Vietnam, entre otras naciones, de los derechos de los pueblos indígenas…Ojalá –aunque tal y como van las cosas no parece muy probable– al hilo de ese señalado septuagésimo quinto aniversario de la Declaración fuéramos capaces de enderezar rumbo y convertir a 2023 en un año decisivo para la defensa de los derechos que aquélla proclamara, porque cualquier ambición menor de nuestros dirigentes mundiales será, como ha señalado la secretaria general de Amnistía Internacional Agnès Callamard, “una traición capaz de precipitar el mundo al abismo”.
