Sanidad Pública
Asistimos este sábado a un hito histórico para la provincia de Cuenca: el cese de la actividad en el Servicio de Urgencias en el Hospital “Virgen de La Luz” y el traslado de los pacientes ingresados en las antiguas instalaciones hasta su nuevo emplazamiento en el flamante edificio. Será el aldabonazo definitivo antes del cierre del centro hospitalario de referencia para los conquenses en los últimos 60 años, una clausura que se producirá el 19 de diciembre. La caravana de ambulancias que rodará por la Ronda Oeste camino del HUCU con su valiosa carga marcará un antes y un después de la atención sanitaria en nuestro territorio. Los enfermos y enfermas residentes cambiarán unas vetustas habitaciones por otras estancias completamente nuevas y cargadas de soluciones tecnológicas de última generación. La gran mayoría de ellas serán individuales, llenas de luz natural, con camas eléctricas y mobiliario clínico moderno. Los más recientes equipamientos de cirugía, diagnóstico y tratamiento completarán un complejo sanitario de primer nivel, que también tendrá su reflejo en las consultas y en el resto de las prestaciones propias de un hospital provincial.
Con estos mimbres, se hace difícil pensar que los usuarios tuvieran que abonar los servicios de los que ya se está disfrutando en el HUCU. Cierto es que no son gratuitos, porque se han podido implementar gracias al esfuerzo económico de todos y todas a través de los impuestos, pero no es menos cierto que nadie nos pasará factura cuando nos den el alta tras un ingreso, nos hayan realizado pruebas y análisis o hayamos sido intervenidos quirúrgicamente. Por eso no podemos más que mostrar asco y repulsa cuando nos enteramos de que hay desalmados, y no pocos, llenos de avaricia que pretenden hacer de la sanidad pública un negocio lucrativo y que no les tiembla el pulso para recomendar en sus hospitales que se engorden las listas de espera para provocar desapego a lo público y que se ahorre lo más posible en material sanitario y atenciones para engordar la cuenta de resultados. Ante esas nauseabundas prácticas, no podemos más que dudar de una de las máximas neoliberales: que la colaboración público-privada en prestaciones esenciales funciona.
No dudamos que en algunos sectores esa colaboración no sea positiva, pero es evidente que las empresas privadas buscan beneficios y para ello no tienen muchos escrúpulos a la hora de conseguirlos. Por el contrario, la mayoría de los servicios públicos son susceptibles de ser deficitarios porque no deben buscar el lucro sino la mejora de la calidad de vida de los ciudadanos que cumplen con Hacienda... y también de la de los que no, que tampoco son pocos. La sanidad pública no puede ser una excepción, aunque el esfuerzo que las administraciones deben hacer para ofrecerla con garantías de calidad sea tan enorme que a veces se ven obligados a contratar empresas privadas. En este sentido, hay que analizar si sería más rentable socialmente hablando desviar los miles de millones que algunas comunidades autónomas ‘regalan’ a los grandes conglomerados privados y fondos de inversión hacia una potenciación a ultranza de los centros públicos y una remuneración adecuada de sus profesionales. Porque si se destina el dinero suficiente, se gestiona como es debido y se contrata personal en condiciones más favorables que las actuales, se puede huir de lo privado y disfrutar de centros para todos que rozan la excelencia, como puede ser el caso del HUCU.
