XLVII aniversario de la Carta Magna
El 6 de diciembre de 1978 los españoles ratificamos en referéndum la actual Constitución, un marco legal superior que garantizaba gran parte de las libertades que se habían perdido durante el franquismo y que establecía la panoplia de derechos y obligaciones de los ciudadanos y las instituciones que todo Estado democrático debía poner negro sobre blanco para garantizar, sin ningún tipo de dudas o ambigüedades, el cumplimiento de todos sus artículos. El preámbulo del texto constitucional determina con claridad los objetivos que la nación española persigue para “establecer la justicia, la libertad y la seguridad y promover el bien de cuantos la integran” y esboza que uno de sus principales premisas es proteger los derechos humanos y asegurar una “digna calidad de vida”. Establecer una sociedad democrática avanzada, proteger la libertad de expresión y defender la igualdad de todos los ciudadanos ante la ley, independientemente de su nacimiento, raza, sexo o religión, son otras de sus divisas.
Hasta ahí, todo bien, pero una cosa es escribir y otra actuar. Por desgracia no hace falta un análisis profundo de la realidad actual para deducir que en demasiadas ocasiones tales expresiones de los anhelos de la Carta Magna se quedan tristemente en papel mojado. Estamos asistiendo a la vulneración sistemática de los derechos a una vivienda y un empleo dignos. Cada día vemos ejemplos de discriminación por raza, sexo, religión e ideología y son numerosos los casos en los que la justicia no es igual para todos, empezando por las más altas esferas del poder político o en procesos que afectan a personalidades más o menos afectas a los magistrados que les juzgan. Hemos contemplado cómo se desacreditaba a periodistas en sede judicial, se perseguía o se encarcelaba a raperos y artistas mientras se permitía la publicación de bulos y patrañas amparados bajo una espuria defensa de la libertad de expresión. Y hemos sido testigos de atentados contra la libertad de cátedra, el derecho a la sanidad y los servicios públicos o el derecho de asilo a ciudadanos extranjeros.
Está bien celebrar el Día de la Constitución, porque sin lugar a dudas supuso un enorme avance en unos derechos y libertades que no tuvimos durante los oscuros años de la dictadura. Pero hay que hacerlo con una mentalidad más abierta que nos permita avanzar en su estricto cumplimiento y pensar que una Carta Magna no es un bloque monolítico y que puede modificarse en función de las necesidades que vayan surgiendo con el discurrir de los tiempos. En 47 años, el texto sólo se ha modificado en tres ocasiones, que apenas supusieron cambios profundos en su articulado original. Hay nuevos escenarios que no se regulan o que deberían tratarse con nuevos criterios, como por ejemplo la inmigración, el derecho a la vivienda, el desempleo, la separación de poderes, las atribuciones y la legitimidad de la corona o la necesidad de una mayor participación de los ciudadanos en la vida política, porque no es suficiente con votar cada cuatro años. La sociedad española tiene estas y otras nuevas exigencias que no pueden supeditarse a un marco constitucional que pronto cumplirá medio siglo de existencia. En este sentido... renovarse o morir.
