Esos otros asuntos

Embarcados como estamos en los rifirrafes de la tan descomunalmente convulsionada campaña electoral que –entre debates sí, debates no, ausencias y presencias, declaraciones contradictorias, ataques tantas veces más personales que ideológicos, fakes, medias verdades, paladinas mentiras, incomprensibles negacionismos y desaforados radicalismos– estamos sufriendo, es probable que se nos estén quedando demasiado fuera de foco asuntos de tanto calado como el arduo camino por el que anda transitando por las instituciones europeas la denominada Ley de Restauración de la Naturaleza a la que, sorprendentemente le parece a este provinciano –pero en estos temas, he de confesarlo, más que concienciado, quizá, vaya de confesión, por haber cursado en su día la carrera de biólogo– articulista, algo que, pues la verdad, no creo que nos esté preocupando cual debiera pese a su condición de herramienta, mejor o peor en sus propias características pero que de todas, todas, absolutamente necesaria para enfrentar un reto tan importante para la conservación de nuestro hábitat planetario sí, pero también, vaya si no, zonal (hete aquí que según los datos barajados el setenta por ciento de los suelos de nuestro continente estarían degradados) y en ese sentido, tal como se ha señalado, elemento clave del armazón legislativo que está desplegando la Unión Europea, y concretamente la Comisión para impulsar en esta legislatura comunitaria la transición ecológica y frenar el calentamiento global en un  proceso en el que uno no acaba de entender las empecinadas trabas que le están poniendo la mayoría de los representantes del Partido Popular Europeo aunque de momento la iniciativa siga, aunque sea a trancas y barrancas, sorteándolas, aunque sea con más o menos heridas, como acaba de suceder con la votación que acaba de frenar en Estrasburgo ese intento conservador de tumbarla abriendo así la puerta a que los representantes del Parlamento comunitario y el Consejo de la UE negocien la redacción final de un proyecto legislativo que habla de reparar el veinte por ciento de la superficie terrestre y asimismo la superficie marina para 2030 lo que nos llevaría a poder empezar a cumplir –crucen los dedos– los acuerdos a los que se llegó en la Cumbre de la Biodiversidad llevada a cabo en Kunmig-Montreal a finales del pasado 2022 al poder restaurar ecosistemas cruciales para combatir ese cambio climático y la pérdida de biodiversidad y reducir –sí, pese a cuanto puedan mal alegar sus detractores–  los riesgos para la seguridad alimentaria; unos objetivos que en caso de no ser alcanzados o incluso, simplemente, ser retrasados, conllevarían unas particularmente graves, por dañinas, consecuencias socioeconómicas. Y ya digo que uno no acaba de entender la oposición de la mayoría –no todos, que hay de entre sus representantes quienes han votado a favor– de los conservadores europeos que ya han conseguido además, y es probable que aún logren en lo que queda de las negociaciones, rebajar bastante los planteamientos de un proyecto legislativo tampoco tan radical; un proyecto que, por ejemplo, ni impone la creación de nuevas áreas protegidas en la Unión ni bloquea la nueva infraestructura de energías renovables ya que se le ha añadido un nuevo artículo que subraya que estas instalaciones son de interés público. Como, la verdad, tampoco entiende quien esto firma la nula presencia de estos temas, los medioambientales y el de la batalla contra el cambio climático, en nuestro actual debate electoral nacional.