Residencias

Entre tantas otras cuestiones puestas de especial relieve por la actual pandemia ha figurado y figura, con características propias, la del número, situación y calidad o falta de ella de los servicios de los centros residenciales existentes en nuestro país tanto de la tercera edad como, también, de los dedicados a la atención de personas afectadas de discapacidad o menores. De momento, y fijándonos tan sólo en el número de plazas disponibles en el campo concreto de los centros para mayores, los números ya revelan una clara carencia de principio en su oferta: según los datos del Imserso, publicados tras la recepción de la correspondiente información de las comunidades autónomas en España habría –los datos corresponden al 2019– 339.031 plazas en residencias de mayores distribuidas en un total de 5.542 centros, una cifra que, según la Asociación de Directoras y Gerentes de Servicios Sociales daría un déficit de más de 70.000 plazas que serían las que habría que añadir para poder cumplir con las recomendaciones de la Organización Mundial de la Salud de disponer de cinco por cada cien mayores de sesenta y cinco años; y es que, según la citada asociación, aunque desde 2010 el número de personas de ese colectivo se ha incrementado en 1,1 millones hasta superar los nueve millones el año pasado las plazas residenciales solo habrían aumentado en 20.226. Por cierto que a este respecto de la ratio nuestra comunidad figura por fortuna –congratulémonos de ello– entre las mejor dotadas al estar entre las cinco que sí alcanzan esa ratio recomendada por la OMS y, aún más, al ser, junto a Castilla y León, las únicas dos que alcanzan también esta ratio con plazas de financiación pública incluyendo tanto las de gestión propia como las concertadas, un hecho en el que probablemente influye la propia realidad tanto de número poblacional como la especial condición de sociedades más rurales de ambas regiones, pero que también, al valorarlo, pone de inmediato sobre el tablero de la discusión de la mayor o menor idoneidad de un tipo u otro de gestión, publica, concertada o privada. Pero aparte de estas características estrictamente numéricas de una mejor o peor ratio queda la demasiado puesta este año de manifiesto en muchos casos poco adecuada calidad de los servicios prestados a sus beneficiarios especialmente –dejando aparte, la sangrante realidad los puntuales ejemplos de maltrato o desatención a sus residentes puestos al descubierto– en el aspecto estricto de la presencia real en ellos de una continuada atención sanitaria y su coordinación con los Servicios de Salud, sin olvidar tampoco ni la adecuación de la estructura física de los inmuebles en cuanto a número de plantas y habitaciones y la condición de individuales o compartidas de éstas –huyendo, desde luego, de las centros masificados– ni del imperiosamente necesario aumento no sólo del número sino de la formación de los gerocultores y de su consideración y remuneración, caminando hacia la superación de un modelo estrictamente asistencialista rumbo a la consecución de una atención más cercana e individualizada que facilite la convivencia y el desarrollo del proyecto vital de los residentes en un planteamiento en el que debe estar también presente, como siempre en este tipo de problemáticas sociales, la antes aludida mayor o menor idoneidad de que sean gestionados por la iniciativa pública, la privada concertada o la totalmente privada.