Menores migrantes

 En todo este asunto del reparto de los menores inmigrantes no acompañados estamos asistiendo a posiciones difícilmente sostenibles desde el punto de vista ético y desde la óptica del respeto a los Derechos Humanos en muchas de las comunidades autónomas, especialmente en las gobernadas por el Partido Popular.  Resulta evidente que la situación de masificación en los lugares de asilo en zonas como Ceuta, Melilla y Canarias no puede mantenerse por más tiempo porque los servicios disponibles en esos lugares desde hace tiempo distan de ser suficientes para atender con garantías a estos jóvenes que han huido de sus países de origen en busca de una vida mejor, lejos del hambre, las guerras y las injusticias sociales. Por eso se ha emprendido un proceso de reparto proporcional de estos jóvenes por todo el territorio nacional. Nadie puede negar en un país de acogida y solidaridad como el nuestro que estas personas merecen no sólo tener un presente digno sino también unas expectativas de futuro a las que todas las personas tienen derecho por el hecho de ser eso... personas. Independientemente de la procedencia, la religión o el color de la piel, estos menores merecen unas condiciones de vida que les permitan sobrevivir y rehacer sus vidas lejos de sus familias, sobre todo porque están en una nación extraña, se encuentran desamparados y tienen edades en las que se debe garantizar un desarrollo adecuado para que puedan formar una personalidad sólida.

Ningún gobierno autonómico debe entorpecer este proceso bajo la excusa de que se trata de una imposición, porque sí que se trata de eso, pero no de una imposición política sino de un mero imperativo moral. En una España como la nuestra, que vivió intensos movimientos migratorios a países extranjeros choca sobremanera que escuchemos a dirigentes políticos declaraciones reacias a acoger a unos menores que no vienen aquí a delinquir ni a vivir de la sopa boba, sino que constituyen una potencia demográfica de valor incalculable en una nación que tiene a la despoblación y al envejecimiento de sus gentes como dos de sus principales lacras.  Llega el momento de "cambiar el chip" y de aceptar que muchas zonas de África sufren terribles condiciones de vida que tienen su origen en las potencias occidentales que un día ocuparon muchos territorios, los esquilmaron, y aún esquilman, y después los abandonaron a su suerte. No podemos negarnos a responder ahora a las necesidades de estos chicos y chicas con el argumento de que no hay financiación, cuando se están dedicando enormes cantidades de dinero en armamento, infraestructuras y equipamientos inútiles y gran cantidad de gastos superfluos. De nuevo vemos en algunos de los dirigentes de la derecha y de la ultraderecha posturas de entorpecimiento que responden a la tónica general de acabar como sea con el Gobierno de coalición, a pesar de que se les pueda etiquetar de racistas y xenófobos.

El Ejecutivo está empleando en el reparto de los menores inmigrantes no acompañados unos criterios de proporcionalidad que garantizan que cada autonomía arrime el hombro según sus posibilidades. Claro está que debe haber ayudas a los territorios, pero la vertiente monetaria no debe empañar el carácter solidario y humanitario que tiene que primar en todo este proceso. No es cierto que catalanes y vascos se vayan a beneficiar de una distribución menos numerosa por el hecho de apoyar al Gobierno, eso quieren divulgar quienes desconocen que esas comunidades ya acogen un número de inmigrantes jóvenes mucho mayor que otras y que ya destinan ingentes cantidades de dinero para ello. Que el resto de territorios sigan su ejemplo porque el hecho de haber acogido a miles de estas personas no ha hecho sino abrir nuevos horizontes de desarrollo social, económico y cultural.