Derecho a quedarse
La desigualdad territorial y la despoblación rural –tan presente esta segunda en nuestro territorio provincial– conforman uno de los desafíos estructurales más persistentes de nuestro país, un desafío al que trata de responder esa II Estrategia Nacional para la Equidad Territorial y el Reto Demográfico, que impulsada por el Ministerio para la Transición Ecológica y –su objetivo presente en su propio nombre– el Reto Demográfico, presentaba el gobierno el pasado 25 de febrero para dar continuidad a la iniciada en 2019 y consolidar una política pública integral orientada a garantizar el desarrollo equilibrado de todos los territorios, una tarea desde luego nada fácil que requiere, como señalaba la propia vicepresidenta del ejecutivo nacional Sara Aagesen, cooperación entre todos los niveles administrativos y actores sociales ya que gira sobre una idea central, la de que la equidad territorial no es solo una política rural sino una cuestión de país. Una estrategia que más allá de su dimensión programática introduce una formulación poderosa: la de garantizar el derecho de la ciudadanía a decidir dónde vivir lo que evidentemente implica –y ese es el esencial caballo de batalla– que el residir en un pequeño municipio no suponga renunciar a oportunidades, servicios o bienestar, mediante un planteamiento que se autopropone un cambio de paradigma: ya no se trataría únicamente de frenar la despoblación –lo que desde luego no se estaría consiguiendo– sino de construir territorios funcionales, resilientes y atractivos para vivir, tarea más que ardua pero imperativamente necesaria para un país como el nuestro tan profundamente desigual en su distribución demográfica, en el que determinadas áreas metropolitanas concentran a la mayoría de la población y de la actividad económica mientras amplias zonas rurales se enfrentan al envejecimiento, la pérdida de servicios y el debilitamiento de su tejido productivo cual ocurre de una manera acusada en nuestra provincia o en las de Soria y Teruel, por lo que es lógico –y de aplaudir– que la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa que integran las organizaciones empresariales de las tres – CEOE CEPYME Cuenca, FOES y CEOE Teruel– haya presentado sus aportaciones alertando del riesgo de que a su juicio el cambio de enfoque hacia el concepto de equidad territorial pudiera terminar eclipsando la gravedad de ese problema de la despoblación, precisando que no todos los territorios afrontan los mismos desafíos y que es necesario diferenciar entre aquellos que están en riesgo de despoblación y aquellos que ya presentan despoblación estructural extrema, como ocurre en estas tres provincias que figuran entre las menos densamente pobladas de Europa, y reclamando que esa estrategia incorpore instrumentos específicos que incluyan políticas económicas diferenciadas y mecanismos que permitan que procesos como los de la transición energética se traduzcan en actividad industrial y oportunidades reales de desarrollo. Se trata, por supuesto, de una tarea compleja que implica estrategias territoriales integradas capaces de conectar planificación urbanística, desarrollo económico local, transición energética y cohesión social para poder hacer realidad –ojalá así sea– ese derecho de la ciudadanía a decidir dónde vivir, un derecho que evidentemente conlleva el de quedarse en ellas de quienes en ellas aún se asientan.
