Colaboración y consenso

La revisión de los planes nacionales de patrimonio cultural habría sido, si atendemos a lo transmitido al respecto por los distintos medios de comunicación, el principal acuerdo de la reciente reunión del Consejo de Patrimonio Histórico que, bajo la presidencia del actual titular del ministerio de Cultura y Deporte José Guirao, congregó esta semana en nuestra capital provincial a los directores generales de Patrimonio de todas las Comunidades Autónomas. Una revisión que, también se nos ha dicho, se hará para “mejorar su eficacia, aumentar la colaboración entre las administraciones e incrementar la inversión en programas plurianuales de conservación y restauración”. Pues bien, dando de lado a la hora de su comentario a esa señalada, y evidentemente lógica, acordada inversión en los campos de actuación de la conservación y la restauración –y cruzando los dedos porque pueda llegar a hacerse realidad en estos tan económicamente difíciles tiempos de presupuestos prorrogados y tan inminente cita electoral– a este articulista le ha parecido especialmente interesante centrar su atención en ese también anunciado propósito de “aumentar la colaboración entre las administraciones” que es algo que, quizá en su ingenuidad, le parece que, al no estar subordinado, al menos en demasía, a la mayor o menor disponibilidad económica de las mismas, debería ser relativamente fácil de alcanzar al en principio depender tan sólo de la voluntad política de sus rectores y de la capacidad de gestión de sus actores. Una colaboración que, tanto en este campo del patrimonio con en el resto de las áreas de la actividad política, tantas veces hemos echado en falta –pruebas hemos, por desgracia, tenido de sobra al respecto– como resultado si en ocasiones de la disparidad partidista entre ellas, en otras por, incluso en momentos de igualdad o similitud ideológica, el aferramiento de quienes las regían, en empoderamiento de bien cortos alcances, a la conservación privativa de sus respectivas parcelas de poder o actuación. Una colaboración sin embargo que deberíamos exigirles que fuera su modo cotidiano de comportamiento y a la cual deberíamos también reclamarles –demanda igualmente bien lógica por más que a alguno les pueda sonar a utópica – que se sumara la que asimismo debieran establecer con la propia sociedad a la que es su obligación servir a través de sus asociaciones y colectivos, agentes ciudadanos éstos que también deberían por su parte ir acrecentado su actuación y su eficacia cara a conseguirla y bien desempeñarla.