La Plataforma en Defensa del Ferrocarril exige paralizar las obras de los aparcamientos
La Plataforma en Defensa del Ferrocarril Público y Social de Cuenca ha presentado este domingo, ante el Canal Ético de Adif, una solicitud formal para la suspensión inmediata de las obras destinadas a la construcción de dos macroaparcamientos en terrenos de ADIF, ubicados en el centro urbano de Cuenca. Esta exigencia se fundamenta, según explican en un comunicado remitido a los medios de comunicación, "en irregularidades administrativas y daños al patrimonio histórico derivados de la ejecución de un proyecto carente de rigor legal y transparencia".
La Plataforma denuncia que las obras, aprobadas el 19 de mayo de 2023 por la Comisión Regional de Urbanismo de Castilla-La Mancha, carecen de informes preceptivos y vinculantes exigidos por la normativa vigente. Entre ellos, destacan la ausencia del informe favorable de la Consejería de Educación y Cultura y del informe de la Consejería de Medio Ambiente, documentos indispensables para garantizar la protección del patrimonio y el cumplimiento ambiental.
Desde la Plataforma de Cuenca se explica que estas omisiones, para construir macroaparcamientos provisionales —con una licencia de 4 años, tras los cuales deberán ser suprimidos y sus costes asumidos por los ciudadanos de Cuenca— han permitido la demolición de un cargadero de ganado de 1912, estructura pendiente de declaración patrimonial. Además, han causado posibles daños a un refugio de la Guerra Civil de 1938, que no ha sido identificado en los proyectos de obra. Cabe recordar que, conforme a la Ley 20/2022 de Memoria Democrática, estos vestigios históricos están protegidos y requieren una evaluación exhaustiva previa a cualquier intervención.
Ante esta situación, la Plataforma en Defensa del Ferrocarril de Cuenca demanda la suspensión inmediata de las obras hasta la presentación de todos los informes pendientes y una auditoría independiente que evalúe los daños patrimoniales que hayan podido producirse. Asimismo, se exige la reparación urgente de los restos históricos afectados y la aplicación estricta de la Ley de Memoria Democrática. Por último, como corresponde a las administraciones implicadas, se demanda la transparencia total en la documentación del proyecto y las responsabilidades por las posibles irregularidades cometidas ante ADIF y el Ministerio de Transportes.
No es aceptable que, en pleno siglo XXI, se prioricen intereses especulativos sobre el patrimonio colectivo. Exigimos que Adif y la Junta de Comunidades rectifiquen de inmediato y asuman su responsabilidad en este despropósito que atenta contra la historia, la legalidad y la dignidad de la ciudad.
