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Los libros de texto, destrozados y desfasados tras eliminarse su gratuidad

España aparece como un país con un "crecimiento económico general" y "alto nivel de consumo"
06/10/2013 - G.D.

La eliminación, por parte del Gobierno regional que preside María Dolores de Cospedal, de la gratuidad de los libros de texto

en los cursos de enseñanza obligatoria, de tercero a sexto de Primaria y de primero a cuarto de Secundaria, tiene como consecuencia que los textos con los que han iniciado el curso estos alumnos arrastran ya siete años a sus espaldas y están muy deteriorados en la forma y desfasados en el contenido, pues para evitar que los padres tengan que pagar por este material se siguen utilizando los que se adquirieron en los años 2007 y 2008, con Barreda en el poder, a los que estaba previsto darles uso durante cuatro años, tras lo cual serían sustituidos  por unos textos nuevos y actuales.


Los libros, tras pasar por tantas manos, están “rotos, con el lomo arrancado, en algunos casos con hojas que se han despegado”, asegura a Las Noticias uno de muchos docentes hartos de las condiciones con que tienen que trabajar en las aulas y que no quieren que su nombre salga publicado por miedo a un posible “toque de atención”.


Y no solo es el estado de los libros, que los alumnos tratan de disimular poniéndoles un forro nuevo al inicio de cada curso y pegando alguna que otra página medio suelta, sino, también, los contenidos, pues, al haber ediciones de 2007 y 2008, los alumnos de 3º de la ESO, que estudian Ciencias Sociales, se encuentran en sus páginas, por poner un ejemplo, con una información económica totalmente desfasada: nuestro país aparece reflejado como uno de los más ricos del mundo y una tasa de paro del 8 por ciento frente a la actual 26,3 por ciento. Y de España se dice que es un país en el que se aprecia “un crecimiento económico general, visible en el aumento de la productividad y de la calidad de los artículos españoles” y que “goza de las ventajas propias de los países desarrollados, entre las que cabe destacar el disfrute de una renta por habitante elevada (20.838 euros per cápita) y de un alto nivel de consumo”. 


A los cambios habidos en el país hay que sumar el hecho de que el Gobierno regional ha modificado el currículum de determinadas asignaturas, lo cual, evidentemente, no aparece reflejado en las ediciones con las que se trabaja en el aula, como un taller inicial a la actividad empresarial en Educación a la Ciudadanía.


Para evitar este deterioro y este desfase, que tanto contrasta con la educación de “calidad y excelencia” de la que tanto habla el consejero de Educación, Marcial Marín, el Gobierno de Cospedal, tras eliminar el programa de gratuidad, podía haber publicado una nueva orden para que los textos se tuvieran que renovar obligatoriamente, pero hubiera sido una medida muy impopular, por lo que ahora mismo esa responsabilidad recae en los propios centros, donde cobra peso la decisión de los docentes. Y estos tampoco han  optado por modificar los libros, sino por mantener los existentes, evitando a los padres el gasto que conllevaría un cambio así, de en torno a 300 euros por curso, cantidad importante dada  la crítica situación que atraviesan muchas familias.


“Los libros, aunque están resistiendo, a los cuatro años deberían jubilarse”, reconoce Aurelio Sanz, profesor en el Santiago Grisolía y miembro de la Plataforma en Defensa de la Educación Pública de Cuenca, mientas que a Ana Cruz, responsable de Educación en Izquierda Unida y profesora en el Pedro Mercedes, más que el estado de los libros (“los niños están acostumbrados a reciclar los libros y aunque estén tan usados se han hecho un poco a la idea”) le preocupa que sus contenidos se están quedando alejados de los nuevos requerimientos educativos, sobre todo por los cambios en el currículum que ha establecido el propio Gobierno regional. “Estos cambios que ha hecho demuestran que este desfase en los textos no le importa nada a la Junta”, dice.


En opinión de Sanz, la solución que se ha dado hasta la fecha, de mantener los últimos libros del sistema de gratuidad, es “para salir del paso”, pero la Junta “va a tener que ofrecer una alternativa para que todos los castellano-manchegos puedan acceder a la enseñanza obligatoria si no quiere retomar los libros gratuitos”, algo que según su punto de vista no le suponía un coste excesivo ya que cada libro servía para cuatro alumnos en ciclos de cuatro años.  “Por cada alumno se pagaba un 25 por ciento del precio de cada libro, lo que no creo que fuera algo excesivo: en cualquier política de becas, hasta la más conservadora, la administración paga más”, considera Sanz.


Ana Cruz, por su parte, también es partidaria de que la Junta busque una solución para favorecer el acceso a los libros, pero está convencida de que no lo va a hacer. “Lo que sucederá es que se quitará totalmente la ayuda a los libros, que cuando se apruebe la Lomce volveremos a los tiempos anteriores a los libros gratuitos, con menos ayudas a la escuela pública, a la que se le augura un mal futuro”.


Aunque la educación es un derecho, Cruz se pregunta “hasta qué punto los derechos son obligaciones para los gobiernos que tenemos, pues ahora mismo, si cogemos la Constitución, esa garantía de que todo el mundo tiene derechos es falsa, pura ficción”.

A su modo de ver, si el Gobierno de Cospedal no ha instado a los centros a cambiar los textos es porque es una medida que pondría en contra a la ciudadanía, pero subraya que es algo que, en realidad, lo está haciendo, solo que “poco a poco”, al introducir los citados cambios en el currículum en varias asignaturas y dejar que pase el tiempo. “Los libros actuales, que si aún se pueden utilizar es por la buena voluntad de los docentes, van a caer por su propio peso”.


Lo digital como futuro

El futuro podría estar, en opinión de Aurelio Sanz, en el libro digital, pues señala que si un texto de papel cuesta en torno a 30 euros el digital ronda los 10, lo que puede suponer un ahorro importante, a lo que añade otra ventaja: que los alumnos están muy acostumbrados al uso de “pantallas”. Pero insiste en que debería ser la administración regional quien subvencionara los textos digitales, lo mismo que el acceso a un ordenador y a la red, y que las aulas deberían acondicionarse con ordenadores, pizarras digitales e internet.


Ana Cruz comparte la idea de que el futuro podría estar en el mundo digital, pues junto a los libros digitales se puede acceder a abundante información que contribuiría a la formación de los alumnos como documentales, películas o páginas “muy puestas y con mucho rigor” en materias como Filosofía, Historia o Lengua que ahora mismo ya son un complemento fundamental al libro impreso. Pero advierte de que para que los alumnos pudieran acceder a estos recursos sería necesaria una inversión en las aulas que ahora mismo no se está dando. Señala incluso que, por su experiencia, en ocasiones se adquiere material digital pero este no es aprovechado, bien porque falla algún dispositivo o bien porque la formación del profesorado en nuevas tecnologías no es tan buena como debería ser.


En lo que no quiere entrar es en el debate de si lo digital puede abaratar costes con respecto al papel. “Todo lo que sea ahorrar en algo tan fundamental como es la educación me parece perverso”, apunta.


Lo que sucederá en el curso 2014/2015 es ahora mismo una incógnita. ¿Aguantarán los libros un año más o se tomarán otras medidas? Mientras, a los alumnos les toca estudiar con unos libros en mal estado pero, al menos, sabiendo que sus familias no tienen que afrontar ningún coste por ello.