Vivienda
El acceso a la vivienda es la mayor preocupación ciudadana durante más de 16 meses consecutivos, según el Centro de Investigaciones Sociológicas (CIS). Claro está, que podría parecer que quienes ya tienen casa propia y pagada no comparten esa opinión, pero no es así. Muchos de esos propietarios tienen hijos en casa y una nueva estadística señala que la media de edad para emanciparse de los progenitores en España es de 30 años.
Por eso una mayoría de españoles exigen soluciones que permitan que los más jóvenes puedan considerar con garantías la posibilidad de acceder a un futuro independiente para fundar un hogar y plantearse crear una familia. La reivindicación no es baladí, porque fundar una unidad familiar es preceptivo cuando se trata de paliar el galopante envejecimiento de la población que sufrimos en nuestro país... y más en territorios tan despoblados como el nuestro.
Comprar una vivienda se convierte para mucha gente en una quimera, sobre todo para la gente joven, muy castigada por el desempleo y los bajos salarios. El alquiler puede ser una salida, pero el mercado en ese sector se está poniendo también muy difícil ante los altísimos precios impulsados por una ambición cada vez mayor de los propietarios, muchos de los cuales se suben al carro de la tendencia avariciosa de las viviendas turísticas. ¿Cómo voy yo a cobrar un alquiler de 500 euros al mes si a mi vecino le están pagando esa cantidad sólo por un fin de semana? Muchos dueños de viviendas vacías se hacen esa pregunta, pregunta que los grandes tenedores y los fondos buitre ya se han contestado hace mucho tiempo: sube el precio porque alguien lo paga. Lo que ocurra con el acceso a las viviendas de los residentes locales ni les importa ni les afecta.
En nuestra capital asistimos a algo que se está viendo en la mayoría de las ciudades y pueblos que tiene algo que ver con el turismo. Las administraciones de izquierdas se decantan por intervenir el mercado de la vivienda declarando como zonas tensionadas las que más presión turística reciben, con el objetivo de limitar los precios y aplicar medidas para favorecer el acceso de la población autóctona. En contra se muestran las agrupaciones de derechas, que acusan de intervencionismo a los consistorios y las instituciones comunitarias.
No hace falta ser muy listos para deducir a quién quieren beneficiar los partidos conservadores, más propietarios que dependientes. Ante eso, resulta muy positiva la iniciativa que va a poner en marcha la Diputación, un nuevo plan para movilizar vivienda vacía en los municipios rurales. Proporcionar viviendas a quienes quieren trasladarse a vivir en nuestra provincia es uno los puntales del Proyecto Arraigo, que está dando buenos resultados. Evitar que las casas vacías permanezcan sin utilizar, compensando debidamente a sus dueños, no hace sino abrir más posibilidades a quienes se atrevan a independizarse en circunstancias tan adversas como las actuales. Aquí cabe recordar que la avaricia rompe el saco y que toda burbuja alguna vez explota y salpica. Hagamos todo lo posible por no inflarla porque ya hemos vivido cómo han explotado algunas.
