Por la libertad de elección de las mujeres a ser madres
Aprovechando que el verano supone menos protesta social, menos participación ciudadana en los asuntos políticos por las vacaciones estudiantiles, las movilidades familiares y festivas, los cambios de horarios y el turismo, el ministro Gallardón vuelve a sacar su ley contra el aborto.
En lugar de homogeneizar la normativa europea sobre la interrupción voluntaria del embarazo, de garantizar la libre elección de las mujeres a ser madre y de que sea cubierta por la sanidad pública; en lugar de promover el acceso a una educación sexual igualitaria y de regular la objeción de conciencia para que no se pueda violar ningún derecho fundamental, aparece el llamado ministro de justicia, como tolerante y democrático al eliminar de los supuestos para penalizar el aborto el de la malformación del feto.
Una vez más la estrategia de anunciar un peligro mortal para luego permitir todos los peligros que no maten. Es como decía José Luis Sampedro cuando explicaba la teoría del miedo que nos inculcan estos políticos reaccionarios. “Nos dicen que nos van a matar y luego sólo nos cortan las manos, las piernas, la lengua o nos sacan los ojos, así parece que el mal es menor”.
Patético Gallardón, quien afirma que saltarse las normas cívicas es un asunto familiar, como buen pensamiento mafioso. Esta persona se atreve a legislar sobre derechos básicos y fundamentales de la población femenina, aunque nada de acabar con la trata de mujeres, la explotación sexual o el proxenetismo. Muy coherente con la tradición mafiosa.
Cada año mueren en España entre 60 y 80 mujeres víctimas de la violencia de género y son miles las que sufren esta violencia diariamente. ¿Esta realidad no es un asunto de justicia? Sucede aquí y los implicados suelen ser españoles, factores a tener en cuenta dada la aberración de la eliminación de la justicia universal de nuestros juzgados.
Nunca ha importado el feminismo en las políticas nacionales, nunca se ha querido instalar la igualdad de todas las personas en la cultura española. Así se asegura que haya personas de segunda, las mujeres, a quienes explotar, vejar, violar e incluso asesinar sin que pase nada en la sociedad. En todo caso, cambiamos un poco, supuesto de la malformación, para no cambiar nada.
Profesionales que podrán ir a la cárcel, mujeres que tendrán que ser avaladas por psiquiatras, servicios públicos cerrados a cal y canto. Este es el panorama de la ley Gallardón.
Educación, sanidad y justicia deben ir juntas para garantizar un mínimo de respeto a los derechos fundamentales de las personas, también de las mujeres. El machismo, la misoginia, el patriarcado y el abuso de poder practicados por Gallardón son un retroceso intolerante para la sociedad española del siglo XXI, suponen discriminar y excluir a las mujeres de un estado social, democrático y de derecho.
