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Constancio Aguirre Pérez
Constancio Aguirre Pérez
19/07/2022

El nuevo, verdadero y definitivo crimen de Cuenca (2022)

Pasado ya más de un siglo de las famosas coplillas de ciego que pulularon por toda España, denigrando el nombre de Cuenca en el acervo popular, y que sirvieron a Pilar Miró en 1980 para realizar su afamada película con ese infamante título (cuando de lo que trataba en realidad era de un auténtico y terrible error judicial), llegamos en este mes de julio de 2022 al que va a ser el verdadero y definitivo Crimen (no de Cuenca) sino CONTRA CUENCA: la desaparición del tren convencional. Una decisión que toma un gobierno central, dizque progresista y luchador por los más desfavorecidos, con la vergonzante sumisión y complacencia de las instituciones regionales, provinciales y locales que más que al servicio de esta provincia parecen estar al albur de otros “poderes oscuros” (que diría el presidente Sánchez) con intereses espúreos y favorecedores de otros territorios. Basta dar algunos datos para comprender la dimensión de la tropelía: Cuenca es la quinta (5ª) provincia de España en extensión, 17.141 km2 y la cuadragésimo cuarta (44ª) en población, 197.222 habitantes (censo 2021) y bajando, es decir una densidad de 11,5 hab/km2, una de las más bajas de España, cuya media se sitúa en los 94 hab/km2. Luego dirán que están” trabajando” contra la despoblación y a favor de la “España vaciada”.

     Al desaparecer el tren convencional se suprimen 20 estaciones en la provincia de Cuenca y, por tanto, se deja de dar servicio provincial y regional mediante un medio de transporte público y sostenible, a otras tantas localidades y a sus áreas de influencia. Se priva a esos conquenses, y por ende españoles, de estar interconectados con las provincias de Madrid, Toledo y Valencia, entre sí   y con la propia capital de la provincia. Afecta a 4 comunidades autónomas y suprime un servicio que podría llegar a ser esencial para comunicar la primera y la tercera ciudades de España (capitales de 2 de las comunidades más ricas) por el camino más corto, pongamos por ejemplo  en caso de averías, huelgas, sabotajes, “Filomenas” u otro tipo de calamidades en la vía de Albacete. Se argumentará que ese servicio se va a garantizar con autobuses “a demanda, pero todos sabemos que, dado el tipo de población al que se supone va destinado, mayoritariamente envejecido, ese servicio nace muerto y no tardará en desaparecer por las mismas causas que se achacan al tren: falta de usuarios e ineficiencia. Lo curioso del tema es que esos argumentos los utilicen quienes, habiendo gobernado España durante 25 años y Castilla-La Mancha durante 36, no han invertido ni un duro ni un euro en la modernización y adaptación a los nuevos tiempos del tren convencional. Habida cuenta, además, de que ahora disponen de más de 20.000 millones de euros de los fondos europeos para tal fin  que  van a ser destinados, en su totalidad, a otros territorios. También cuando nuestras autoridades regionales claman dejarse la piel por el tren convencional (para cualquier provincia excepto para Cuenca). Cuando las directrices europeas apuestan por la descarbonización y por el transporte de mercancías en ferrocarril, Nosotros apostamos nuevamente por la carretera: más autobuses, más camiones, más contaminación y más gases de efecto invernadero: ¡Que vivan el calentamiento global y el cambio climático!

   Cuenca va a tener la triste suerte de ocupar el podio del (des)honor de ser la ÚNICA provincia de España donde desaparece el tren convencional y donde se considera incompatible éste con la alta velocidad, con las mejoras en la movilidad dentro de la provincia y con los equipamientos urbanísticos que necesitan la propia capital y sus pueblos. No se les ocurre establecer un Plan xAlbacete, ni xToledo ni xCiudad Real, ni xGuadalajara. Todas ellas, salvo Toledo que es caso especial para tratar aparte, disfrutan y disfrutarán de alta velocidad y de tren convencional. Toledo y Guadalajara, por su parte, se beneficiarán de las nuevas medidas de gratuidad en cercanías y media distancia anunciadas por el presidente del Gobierno en el debate sobre el estado de la nación esta misma semana. Cuenca, como siempre, se quedará al margen. Nos quedaremos con una sola estación, la Fernando Zóbel, para atender a TODA una provincia con la extensión mencionada anteriormente, situada a 6 km de la ciudad al lado de un vertedero maloliente, que debería haber sido cerrado y trasladado a otro punto desde hace más de 10 años, extremo al que se comprometieron las autoridades regionales y provinciales y que nunca han cumplido. Los tiempos de viaje en estos trenes de alta velocidad para los usuarios que no vivan en la capital de la provincia se verán notablemente perjudicados en tiempo, por los desplazamientos a la estación, y en precio, ya que éste se multiplicará al menos por tres o por cuatro, dados los precios todavía nada asequibles de la alta velocidad.

   Durante los últimos 50 años se ha venido efectuando por todos los gobiernos, tanto del franquismo como de la democracia, una política de desinversión y descapitalización de la línea Madrid-Aranjuez-Cuenca-Utiel-Valencia en beneficio de la línea convencional por Albacete (desdoblada y electrificada desde 1980). Línea de Albacete apoyada y potenciada tanto para viajeros como para mercancías por las autoridades nacionales y regionales, aun siendo ésta 100 km más larga que la línea por Cuenca. Esto ha dado como resultado, al disminuir las frecuencias, alargarse los tiempos de viajes y a la obligación de efectuar transbordos en Utiel y en Aranjuez, a la progresiva expulsión de los potenciales usuarios hacia otros medios de transporte más eficaces, aunque fueran más caros y más contaminantes (coche particular, taxi, autobús, UBER. CABIFY, etc.).

   En definitiva, esta semana se echa el telón a una infraestructura centenaria ya amortizada y que con las debidas inversiones, mantenimiento y modernización podría dar un servicio y unas notables perspectivas de futuro (mercancías, turismo, industria, etc) a una gran parte de la provincia de Cuenca maltratada y despoblada durante décadas. No han servido de nada, hasta ahora, concentraciones, alegaciones, peticiones, movilizaciones ni argumentos. De una forma falaz y torticera, sin dar explicaciones ni voz a la gran mayoría de los municipios afectados, ni a la ciudadanía (se han  negado e efectuar debates públicos al respecto), basándose en informes sesgados y manipulados, las 4 administraciones que nos gobiernan (todas socialistas) han decidido, por las bravas, saltándose las propias leyes del sector ferroviario, la transparencia en los asuntos públicos de especial relevancia, la democrática participación de las poblaciones y los ciudadanos (no ha habido referéndum consultivo, ni este tema tan trascendental iba en los programas electorales del Partido Socialista) eliminar nuestro ferrocarril social, público y sostenible. Esperemos que, si no rectifican a última hora, los electores se lo tengan muy en cuenta en los próximos ciclos electorales que se avecinan.

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