Decreta, que algo queda.

La oposición al gobierno del presidente Sánchez critica el uso cotidiano del real decreto-ley como herramienta habitual para sortear la acción del Congreso de los Diputados para su convalidación, llegando a la cifra nada desdeñable de 168 decretos aprobados hasta la fecha. Cantidad que llama la atención, sobre todo si se establece una comparación con los gobiernos que le han precedido, incluyendo los socialistas.

El caso es que el hecho de aprovechar los mecanismos validos existentes para el uso de la acción de gobierno no tiene nada de novedoso, si echamos mano a la reveladora frase de Romanones, tres veces jefe de Gobierno de España con el rey Alfonso XIII, cuando les decía a los diputados: “Hagan ustedes las leyes y déjenme a mí los reglamentos”, hecho histórico que constata que la crítica no es aceptable si se basa en la utilización de la fórmula empleada, a todas luces legal aunque oportunista, sino a su frecuencia, porque como decía Paracelso: “No mata el veneno; lo letal es la dosis”.

Según mi modesta opinión, la razón a dicho comportamiento se puede deber a las iniciativas, cambios o modificaciones que conlleva la propia gobernanza el país, ya por sí compleja, exige cierta inmediatez, sobre todo si es forzada por intereses de terceros que obliga a la improvisación o a la premura. Iniciativas, cambios o modificaciones que son lógicas si se trata de lo conveniente a las personas que las defienden y sustentan, porque si eres tú el que cambia o modifica un criterio anteriormente mantenido, te puede acarrear un chorreo de improperios, acusándote de “cambio de chaqueta” o de “lindezas” por un estilo, ignorando la máxima de Schopenhauer para explicar el recorrido de la vida: “Los primeros cuarenta años de vida nos dan el texto; los treinta siguientes, el comentario”. Pues eso.