11 de Julio de 2020 Son las 8:56

Opinión

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Especial Semana Santa 2020
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José Ángel García

Cuestión de urgencia

Entre tantas cosas que la pandemia que hemos venido y aún seguimos padeciendo ha dejado más que claro es sin duda la imperiosa necesidad de potenciar, mejorar y perfeccionar por un lado nuestra sanidad pública –y dentro de ella especialmente la atención primaria, absolutamente decisiva a la hora de la prevención de amenazas y como primer escalón de la planificación de nuestra defensa frente a ellas–, una sanidad pública tan afectada por la visión neoliberal y privatizadora de estos servicios que, impulsada por unos y no corregida por otros, desgraciadamente padecimos en los últimos tiempos y, junto a ella, también hacer lo propio con el imprescindible servicio social prestado por las residencias para mayores y –no las olvidemos tampoco– para personas con dependencias, algo que debe estar, junto con la mencionada necesaria potenciación de la atención primeria, entre lo más urgente a solucionar entre tantas carencias como la crisis nos ha puesto de relieve. A este respecto, vaya si no puede, desde luego, venir más que bien esa propuesta que, según se nos anunciaba iba a hacer el vicepresidente del gobierno a las Comunidades Autónomas en el correspondiente Consejo Territorial de este jueves para crear un grupo de trabajo, con la participación de las propias autonomías –que, recordemos, que hay a quien parece que lo olvida, son las competentes sobre el control y seguimiento de este servicio social de alternativa de alojamiento– y, junto a ellas y con ellas y con –pues claro que sí– el propio ejecutivo nacional, la presencia de expertos y agentes sociales, para analizar las medidas de prevención necesarias para evitar posibles rebrotes del coronavirus en las residencias de mayores, propuesta que ojalá salga adelante pero que este comentarista a la hora de redactar este texto, en la todavía mañana del propio jueves, aún no sabe si habrá tenido aceptación o no. Pero también, también urge –y cómo– echar la mirada un algo más allá y acometer, pero que ya, la mejora de una red que evidentemente, cual ha quedado desgraciadamente de manifiesto, no alcanza en su globalidad –salvemos las excepciones que haya que salvar– las características y condiciones óptimas. Una red que en concreto en nuestra región –y echo mano, a falta de estadísticas estrictamente oficiales de los datos, referidos a 2019, estimados por investigadores como Antonio Abellán, María Aceituno Nieto o Diego Ramiro Fariñas que me parecen especialmente fiables – debía en ese momento atender a una población institucionalizada fuertemente envejecida que alcanzaba a cerca de 27.000 personas (26.649) personas en un total de cuatrocientos setenta y un establecimientos; una red que no tenía tanta diferencia en cuanto a número entre establecimientos públicos y establecimientos de índole privada (y por tanto con objetivos de beneficio económico) como en bastantes otras zonas del estado –eran 265 públicos por 208 privados– que sin embargo sí se hace mayor si comparamos las 9.991 personas atendidas en los primeros con las 16.658 que lo son en los segundos. Toda una tarea probablemente no fácil pero desde luego imprescindible que exige la acción urgente y decidida todos los responsables a cualquier nivel pero, dado como legalmente estás las cosas, y por cuanto más de cerca nos toca, de nuestros gestores y representantes autonómicos.

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