Las cosas del comer
La Alcarria y la Serranía Alta ya cuentan con un nuevo servicio de transporte sensible a la demanda. Los vecinos y vecinas de 115 núcleos de población, si lo desean, ya no están obligados a usar vehículos particulares o taxis para desplazarse por ambas comarcas o viajar a la capital. Tampoco están ya forzados a pedir favores a quienes disponen de coche para ir de compras, de gestiones o al médico, ni a tener que moverse a uno de los pueblos por los que pasa una línea regular de autobuses y adaptarse a sus horarios de ida y vuelta. Una simple llamada telefónica y/o el uso de una aplicación para el móvil sirven ya para determinar el destino al que queremos viajar y la hora a la que queremos hacerlo, sin salir de nuestra localidad. Se avanza con ello en la consecución de uno de los pilares básicos para fijar población en el medio rural: facilitar la movilidad de sus habitantes mediante el transporte en modernos y eficientes vehículos adaptados a todo tipo de usuarios y a cargo de conductores profesionales. Así se pueden evitar muchos de los riesgos que propone el manejar el vehículo propio, sobre todo por las carreteras serranas.
Es evidente que este tipo de transporte no soluciona la problemática de estas dos comarcas, perjudicadas por décadas de despoblación y déficit de infraestructuras, pero no deja de ser un importante avance porque permite una mayor independencia personal, reduce el tráfico privado por las carreteras y resulta asequible económicamente, sobre todo para los jóvenes y los colectivos más desfavorecidos.
Y de eso se trata la financiación justa: de las cosas del comer. De transporte, educación, sanidad…, porque una financiación equitativa debe reconocer que prestar servicios en el medio rural cuesta más y que el sistema de financiación autonómica tiene que contemplar el sobrecoste derivado de la despoblación y la dispersión. Y eso es lo que está haciendo Castilla-La Mancha, mantener escuelas con ratios reducidas, transporte escolar con cientos de rutas para pocos alumnos, asistencia sanitaria con recursos de emergencia muy alejados o servicios sociales itinerantes. Todo ello exige más personal y más inversión por habitante que en las zonas urbanas.
Si se quiere garantizar la igualdad real en el acceso a los servicios públicos es muy importante que las administraciones inviertan en este tipo de mejoras de la calidad de vida de los ciudadanos en los pueblos porque ello ayuda a que tengan una mejor percepción del lugar en el que viven. Y si valoran positivamente su entorno, sus raíces se harán más profundas y alejarán la posibilidad de la emigración. Ahora bien, la Educación, la Sanidad, los Servicios Sociales y las infraestructuras deben ser las demás patas del banco para garantizar el bienestar de las gentes que habitan en los pueblos.
Para ello, es importante que los gobiernos central y autonómico y las diputaciones garanticen financiación suficiente y apoyen a los ayuntamientos porque los costes de todos estos derechos primordiales de la ciudadanía son mucho más elevados en las zonas rurales que en los entornos urbanos. Y no sólo eso, hay que hacer atractivos los municipios para que haya maestros, médicos y trabajadores sociales que quieran vivir y trabajar en ellos.
El reto es grande y la labor ingente pero las expectativas no pueden ser más sugerentes para políticos bien intencionados, funcionarios competentes y profesionales comprometidos. Las últimas cifras del padrón son favorables en la provincia de Cuenca y hay en ciernes proyectos interesantes, prueba de que los primeros rudimentos comienzan a funcionar. Si la población consigue elevarse de forma exponencial en el medio plazo nadie podrá dudar de que no hay mejor placer que la satisfacción de una labor bien hecha.
