Año 2030. Una España sin corrupción
Es el año 2030 y han pasado ya tres años desde las últimas elecciones generales. El nuevo gobierno conservador formado por la derecha tradicional y la extrema derecha tardó apenas unas semanas en alcanzar un acuerdo de gobierno.
El programa parecía bastante claro. Endurecimiento del código penal, límites a la inmigración, recorte del Estado autonómico, una aparente rebaja de impuestos (que no acabó de concretarse) y una agenda de regeneración democrática urgente que dejara atrás la corrupción del gobierno anterior.
La legislatura se ha desarrollado con tensiones y algunos incumplimientos notables. No se ha podido reducir "el gasto político" porque el partido tradicional no estaba dispuesto a eliminar las autonomías que gobierna. No se ha logrado "terminar" con la supuesta avalancha migratoria porque la posición geográfica de España sigue condenando al desplazamiento forzoso a miles de personas que huyen del hambre y la miseria. No se han podido bajar los impuestos porque "el gobierno anterior no dejó unas cuentas saneadas". Y lo mejor de todo: no se ha podido acabar con la corrupción porque este mismo año se juzga un presunto caso de malversación que afecta a varios ministros del nuevo gobierno.
La oposición progresista ha exigido responsabilidades de forma inmediata, pero al mismo tiempo ha pedido que "nadie compare" esta situación con etapas anteriores porque "no es lo mismo". El gobierno se ha limitado a espetarles que "primero limpien su casa" y ha dejado entrever una posible conspiración de jueces y medios. La ciudadanía, mientras tanto, sigue esperando que alguien le explique qué va a hacer para que esto no vuelva a repetirse.
En los sondeos se ha apreciado una variación interesante. La corrupción se ha disparado como preocupación entre el votante de izquierdas. Y buena parte de los votantes conservadores que criticaban el desarrollo de la economía ahora señalan que la economía va bien, a pesar de que los datos no han variado demasiado.
De fondo, un grupo de reformistas demanda una reforma real: mejorar la transparencia —España fue uno de los últimos países de Europa en aprobar una ley de este tipo, y su aplicación sigue siendo más la excepción que la regla—, separar las responsabilidades de funcionarios y políticos para que ambos tengan incentivos para controlarse, castigar con la misma contundencia al político corrupto y al empresario corruptor, y mantener la burocracia que funciona como anticuerpo frente a quienes vienen a "servirse" y no a "servir".
El partido progresista parece abrazar algunas de estas propuestas con cierto interés, pero muchas personas han perdido ya toda fe en las posibilidades de reforma. A esta sensación se suma la ciudadanía de muchos países europeos, porque, contrario a la idea de Ortega y Gasset, no parece que España sea el problema ni Europa la solución.
Esta predicción no tiene por qué cumplirse. Este artículo puede no tener ningún sentido. Si la izquierda, su militancia y sus dirigentes asumen la gravedad de lo que está sucediendo, quizás siga siendo posible tener otra España en el año 2030.
