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Adiós al ATC

Ya se anunció hace unos días, pero ahora el Boletín Oficial del Estado ha hecho sonar el aldabonazo final al proyecto del Almacén Temporal Centralizado de residuos radiactivos que se pretendía ubicar en Villar de Cañas. Se trataba ya de una muerte anunciada, por cuanto el VII Plan General de Residuos Radioactivos abandonaba esa polémica opción, determinaba que cada central nuclear gestionara su propia basura y abría la posibilidad de que los reactores comenzarán a dejar de funcionar en España a partir de 2027.

A nadie se le escapa que la medida no va a solucionar el problema de estos peligrosos deshechos. Por desgracia, no pueden desaparecer como por ensalmo y suponen una rémora insalvable que hipotecará la salud medioambiental del país durante muchísimas generaciones. La propia idea de albergarlos en los llamados almacenes temporales individualizados (ATI) no es sino un parche que en 50 o 60 años habrá que restañar en busca de una solución definitiva. Desde el Consejo de Seguridad Nuclear se apunta ya a un Almacén Geológico Profundo que requerirá hasta el año 2100 unas inversiones aproximadas a 19.000 millones de euros. Y los siniestros contenedores permanecerán agazapados en el interior de la tierra para mantenerse vivos durante cientos de años. 

Sin la intención de ser ventajistas, y teniendo en cuenta que cuando se empezaron a construir nuestras centrales nucleares apenas se desarrollaban las fuentes de energía renovables, cabe preguntarse si la enorme cantidad de dinero invertida y los riesgos que aún se corren han valido la pena después de todos estos años.  Hemos tenido ocasión de ver cómo las empresas energéticas engordaban al máximo sus cuentas de beneficio, a menudo cargando en el consumidor gastos de infraestructuras sobradamente amortizadas, mientras la ciudadanía tenía que rascarse a modo los bolsillos para pagar facturas de la luz estratosféricas.  “Tenemos que contentar a los accionistas”, decían sus directivos, a la vez que pactaban precios para sangrar a las familias y multiplicar por muchos enteros sus nóminas o sus indemnizaciones por jubilación.  Hemos comprobado también de qué manera destacados políticos con responsabilidades de gobierno dejaban sus escaños para montar en las puertas giratorias y cobrar favores en forma de cómodos y lucrativos sillones en sus consejos de administración.  

Pero la cada vez mayor implantación de la energía verde no tiene visos de solucionar el problema porque son precisamente las mismas corporaciones las que comienzan a monopolizar el sector. No hay color para competir con ellas, ya que sus abultadas carteras les permiten el lujo de instalarse dónde, cómo y cuando quieran. Y como todo buen “hipotético lobby” ejercerá sobre el ciudadano una presión similar a la ya experimentada con las centrales hidroeléctricas, térmicas y nucleares.  La solución quizá estribe en que cada cual produzca y consuma su propia energía, también en la asociación o el “cooperativismo energético”. Si estas fórmulas prosperasen podríamos celebrar a bombo y platillo el adiós al ATC y el good bye a las centrales nucleares.  Si no, volveremos a cantar la misma triste canción.