¿Es legal la política de Cospedal?

El Tribunal Superior de Justicia de Castilla La Mancha da la razón a sindicatos y trabajadores contra decisiones de la Junta de Comunidades, sobre todo contra el modo de proceder de los políticos de la Junta ¿es que esta administración pública no está sujeta el estado de derecho?

Resulta que son varios los casos que el gobierno del PP en nuestra comunidad está perdiendo en los tribunales. En GEACAM son ilegales los EREs, a los docentes interinos les tiene que reconocer trienios y pagárselos, ahora son casi 500 despidos de funcionarios interinos los que tienen que ser readmitidos. En derecho penal cuando se es reincidente las penas son mayores y en derecho administrativo la reincidencia genera una gran desconfianza entre la población hacia el sujeto infractor, en este caso los políticos de Castilla La Mancha.

En buena lógica, no nos queda más remedio que admitir la ilegalidad de la política del PP. Eso que partía con la mayoría de los votos en las últimas elecciones, con una ley electoral totalmente favorable al bipartidismo, de hecho, Castilla La Mancha es la única comunidad autónoma en donde sólo dos partidos en su cámara. Sin embargo, esa confianza no es suficiente para Cospedal. Ella, ha tenido la necesidad de violar la ley, de imponer recortes injustificados, de echar a trabajadores y trabajadoras de sus puestos sin motivos legales. Sus consejeros se saltan a la torera plazos y formas administrativas legales.

La presidenta es la misma persona que entra y sale de los juzgados para declarar sobre posibles casos de corrupción de su partido, porque tiene cargos de responsabilidad. Es la misma persona que cuando visita pueblos y ciudades de nuestra región se rodea de un fuerte cordón policial que la mantiene alejada de la ciudadanía ya que los abucheos son constantes.

“Por sus obras les conoceréis” dice la Biblia. A Cospedal, como a su homónimo madrileño, Ignacio González, en poco tiempo la conocemos de sobra, es más, nos gustaría no conocerla tanto. Pero lo peor es que es famosa en los tribunales. Son los jueces quienes mejor la conocen. Pobre comunidad en la que la representante del poder ejecutivo está siendo condenada, una y otra vez, por los representantes del poder judicial. La permanente judicialización de la política no es un buen síntoma de conducta democrática y respeto a la ley. A Cospedal le sabran las leyes porque le impiden hacer y deshacer lo que quiere con nuestra región, con nuestros recursos, con nuestro dinero. Le sobran los tribunales que le recuerdan que la mayoría absoluta no es un régimen absolutista.

Tal vez su partido debiera corregirla, encauzarla, reprenderla. Pero ¿quién puede hacer tal cosa? En el gobierno del PP nadie da la talla en materia de moralidad, de ética y,como se ve a diario, ni siquiera en materia de legalidad.

Insistimos en que la ley existe y si se aplica con justicia debe exigir que se cumplan las sentencias y castigar a quienes cometen infracciones, sobre todo si son reincidentes, porque de lo contrario no viviríamos en democracia.