Cuenca y Tarancón refuerzan sus servicios sociales ante las solicitudes de regularización

El proceso extraordinario de regularización de personas extranjeras puesto en marcha por el Gobierno de España ha obligado a los servicios sociales de numerosos municipios a reorganizar recursos y redoblar esfuerzos para atender una demanda inédita hasta ahora. 

En la provincia de Cuenca se espera, como informaba el jefe del área de Trabajo e Inmigración de la Subdelegación del Gobierno en Cuenca, Luis Hermenegildo Martínez, la previsión es que unas 4.000 personas puedan beneficiarse de esta regularización en la provincia, originarios principalmente de países como Venezuela y Colombia. Ante esto, ayuntamientos como los de Cuenca y Tarancón, junto a entidades colaboradoras como Comisiones Obreras, trabajan a contrarreloj para tramitar informes de vulnerabilidad, orientar a las personas migrantes y evitar el colapso administrativo.

La concejal de Servicios Sociales del Ayuntamiento de Cuenca, Estela Soliva, explica que no todas las personas necesitan este informe, ya que únicamente se exige cuando no se puede acreditar trabajo regular previo. Por eso, teniendo un antiguo contrato, una vida laboral, una oferta laboral para trabajar ya o vínculos familiares directos en España serian suficiente para adquirir la regularización. “El informe de vulnerabilidad solo es necesario cuando no cumplen alguno de esos requisitos”, detalla.

Desde que comenzó el procedimiento, el Consistorio conquense había registrado hasta el jueves 7 de mayo unas 300 solicitudes, cifra que continúa creciendo prácticamente a diario. Soliva explica que los servicios sociales han tenido que reorganizarse constantemente para asumir esta nueva carga de trabajo sin dejar de atender el resto de intervenciones habituales.

“Estamos haciendo una organización diaria para repartir las solicitudes entre las nueve trabajadoras sociales”, explica la edil, que destaca la implicación del personal municipal. “Hay profesionales que incluso han dedicado parte del fin de semana a organizar expedientes y distribuir citas para agilizar la atención”, añade.

El procedimiento en Cuenca puede iniciarse en cualquier registro municipal, aunque el Ayuntamiento también ha habilitado en su página web instrucciones detalladas y un modelo de solicitud prerrellenado para facilitar los trámites. Tras registrar la petición, los servicios sociales contactan con la persona solicitante y realizan una entrevista para valorar su situación.

“Entendemos que el simple hecho de estar sin regularizar ya supone un factor de vulnerabilidad”, explica Soliva. Por ello, asegura que se está intentando simplificar al máximo la documentación requerida. “Con algún documento identificativo, como el pasaporte, y el certificado de empadronamiento, si lo tienen, estamos atendiendo a todas las personas”, señala.

La elevada afluencia de personas migrantes ha obligado también a reorganizar físicamente la atención. El Centro Social de Pozo de las Nieves concentra gran parte de las solicitudes, mientras que la recogida de informes se ha derivado al centro de Villa Román para evitar colapsos y reducir tiempos de espera.

ENTIDADES COLABORADORAS

En paralelo, entidades como Comisiones Obreras están desempeñando un papel fundamental en el acompañamiento y asesoramiento. El secretario de Migraciones de CCOO Castilla-La Mancha, Juan Carlos del Puerto, explica que el sindicato tramita expedientes completos, además de resolver dudas y orientar a quienes intentan acogerse al proceso.

“Dependiendo de la vía a la que se acoja la persona, los requisitos cambian”, detalla Del Puerto, quien recuerda que tanto solicitantes de asilo como personas en situación irregular deben acreditar una permanencia mínima de cinco meses en España y haber llegado antes del 1 de enero de 2026.

Sin embargo, el responsable sindical advierte de que la capacidad de atención es limitada. “No somos una administración pública y no tenemos recursos ilimitados”, subraya. De hecho, CCOO ya ha dejado de admitir nuevos expedientes en el ámbito regional por la enorme carga de trabajo acumulada.

En la provincia de Cuenca, el sindicato calcula que ronda ya el centenar de expedientes gestionados, además de innumerables consultas telefónicas y asesoramientos. “Estamos intentando también fomentar que las personas puedan presentar ellas mismas las solicitudes cuando cumplen los requisitos”, explica del Puerto, quien insiste en que el procedimiento “no es tan sencillo” como en un principio se trasladó públicamente.

“Los informes de vulnerabilidad requieren garantías y comprobaciones. Tenemos que asegurarnos de que no exista documentación falsa o irregularidades”, añade.

TARANCÓN

Mientras tanto, en Tarancón los servicios sociales municipales afrontan una situación muy similar. El coordinador municipal de Servicios Sociales, Miguel Muñoz, explica que este procedimiento ha supuesto la aparición de una demanda completamente nueva para el servicio. “Antes del proceso de regularización esta demanda no existía”, señala.

Hasta el momento, el Ayuntamiento taranconero ha elaborado alrededor de 160 informes de vulnerabilidad y prevé superar los 250 antes de que finalice el proceso.

Muñoz explica que el procedimiento comienza con un filtro inicial para comprobar si las personas cumplen las condiciones establecidas por el Real Decreto. Entre otros aspectos, se verifica el empadronamiento previo en el municipio, la inexistencia de familiares directos y la ausencia de empleo regular anterior.

“El empadronamiento es un factor clave”, subraya el coordinador, que recuerda que los servicios sociales necesitan comprobar la residencia efectiva y abrir expediente social antes de emitir el informe de vulnerabilidad. Además, destaca que las entrevistas en profundidad permiten conocer mejor la situación de las personas y facilitan futuras intervenciones sociales.

La mayor parte de las personas interesadas se están acercando directamente al centro social de Tarancón, aunque también pueden presentar la solicitud por registro. “Si lo hacen por registro, les llamamos posteriormente para cotejar datos y citarles”, explica Muñoz.

En cuanto a la documentación, el Ayuntamiento solicita principalmente el histórico de empadronamiento y el pasaporte. Todo ello está siendo asumido mediante una reorganización interna de recursos municipales vinculados a programas de inclusión social, empleo y vivienda, sin necesidad, por el momento, de reforzar plantillas.

El coordinador municipal reconoce además que este proceso está permitiendo detectar situaciones que hasta ahora permanecían invisibles para los servicios sociales. “Nos está sirviendo para conocer a gran parte de la población migrante del municipio que nunca había acudido a los recursos”, destaca.

Tanto desde Cuenca como desde Tarancón coinciden en lanzar un mensaje de información y prudencia a las personas interesadas en regularizar su situación. Administraciones y entidades sociales recomiendan revisar previamente los requisitos y acudir a servicios especializados para evitar errores en un proceso que, pese a la presión asistencial, continúa avanzando a gran velocidad en la provincia.