Vergüenza e indignación
Vergüenza y hastío. Vergüenza la que la gente de bien ha sentido cuando María del Carmen Abascal, más conocida como Maricarmen, salía en camilla del que hasta ahora había sido su domicilio en Madrid desde hacía más de 70 años. Hastío el que provoca en la sociedad española el continuo desprecio a las leyes y a la Constitución que en nuestro país se produce en todo lo que rodea al asunto de la vivienda. Ha sido necesario un desahucio deleznable, al que se ha sometido a una octogenaria dependiente, para que muchas conciencias se hayan despertado y hayan salido a las calles en algunas ciudades para urgir a los diferentes gobiernos a buscar soluciones a uno de las lacras más aberrantes en una nación que se considera moderna y que, de momento, está regida por una coalición de corte progresista.
Nauseas y asco. Nauseas las que muchos hemos sentido cuando hemos asistido a algunas declaraciones de representantes de la derecha, la ultraderecha y ciertos “informadores” reaccionarios a los que sólo les ha faltado decir que Maricarmen se tenía bien merecido el desahucio por querer pagar un alquiler de 500 euros al mes en una de las zonas más caras de Madrid. Asco el que provoca que desde el PP se culpe del desahucio a Pedro Sánchez, cuando ha votado sistemáticamente en contra de todo decreto presentado para mejorar el acceso a la vivienda, topar el precio de los alquileres o reducir las tensiones que provoca la incontenible avalancha de los pisos turísticos por la presión espuria de los fondos buitre. Y asco también cuando la presidenta de la Comunidad de Madrid obviaba el desahucio y defendía este jueves a los grandes inversores cuando su Ejecutivo se halla inmerso en un escándalo mayúsculo por la sospechosa y oscura adquisición de un ático de 6,3 millones de euros.
No hace falta ser un experto para saber que las competencias en materia de vivienda están en manos de las comunidades autónomas, entes que, junto con los ayuntamientos, deben desplegar todos los recursos necesarios para garantizar un derecho constitucional como es el de un techo digno para vivir. Tampoco hace falta ser muy listo para comprender que, cuando determinados partidos políticos votan en contra de las iniciativas que el Gobierno central propone en este sentido, los beneficiados no son precisamente los ciudadanos sino aquellos grupos cuyo máximo objetivo es el lucro, aunque éste suponga que personas como Maricarmen no sepan donde irán a parar sus huesos después de haber pagado con creces el piso del que acaba de ser despojada ante un alarde de antidisturbios para impedir cualquier oposición. En lo que todos debemos coincidir es en que hay que intervenir el mercado de la vivienda y que tiene que hacerlo el Gobierno central, porque es palmaria la indiferencia de numerosos gobiernos autonómicos, más rendidos a las cuentas de resultados de los fondos de inversión que al bien en las ciudades y sus barrios. Y hay que hacerlo ya, porque quizá, a no mucho más tardar, puede ser demasiado tarde.
