¿No sería más que justo?

Si los multimillonarios del mundo –que por cierto, hay bastantes, se estima que por ejemplo hay unos tres mil veintiocho milmillonarios– junto a otras paralelas medidas tributarias, pagaran un impuesto equivalente al tres por ciento de su riqueza y el dinero con ellas así recaudado se dedicara a financiar la ayuda oficial al desarrollo, se calcula que de aquí a 2030 podrían llegar a evitarse las muertes de veintinueve millones y medio de personas, muertes que se consideran asociadas a los recortes ocasionados por el desplome de fondos de los países donantes. Así lo señala –en su estimación más elevada– un estudio liderado por el Instituto de Salud Global de Barcelona (fruto de una alianza entre la Fundación La Caixa e instituciones académicas y gubernamentales para contribuir al esfuerzo de la comunidad internacional cara a afrontar los retos de la salud en un mundo globalizado) que ha sido publicado por la prestigiosa revista médica británica The Lancet, una revista que ha venido marcando la historia de la medicina global desde 1823. Es un trabajo que analiza en qué medida diez mecanismos de redistribución de la riqueza podrían contrarrestar esos recortes de la corporación internacional que desde el pasado 2025 vienen intensificándose, algo más que comprobable: a más de que ya muchos de los países donantes aportaban mucho menos de lo comprometido, hace año y medio por ejemplo que el gobierno de los Estados Unidos desmanteló la agencia de cooperación USAID en tanto que países como el Reino Unido, Alemania, Francia, Países Bajos y Bélgica anunciaron una reducción de sus aportes a la cooperación internacional para dedicarlos a inversiones en otros sectores, incluidos gastos militares; en total, el pasado año, según la OCDD, la organización para la Cooperación y el Desarrollo Económicos, la asistencia oficial para el desarrollo descendió un veintitrés por ciento respecto al anterior 2024. Sobre tan alarmante escenario el estudio del Instituto barcelonés calcula el efecto potencial que podrían tener esos diez mecanismos de redistribución de la riqueza que proporcionarían unos ingresos que compensarían en parte o en el mejor de los casos la totalidad de esa ayuda que los países donantes han dejado de aportar lo que a su vez permitiría mantener los programas de salud y desarrollo afectados por tan sensible rebaja. Serían mecanismos que incluirían gravámenes del uno, el dos o el tres por ciento sobre las grandes fortunas, el impuesto sobre las transacciones financieras que se conoce como la Tasa Tobin, una tributación mínima global para las multinacionales con ingresos superiores a los setecientos cincuenta  millones de euros, dos fórmulas aplicadas a los intereses de la deuda soberana pagados por los países de renta baja y media, una tasa sobre las emisiones de carbono y dos modalidades de gravamen sobre las criptomonedas; unas medidas que incluso en algunos escenarios hasta podrían recaudar más que los fondos perdidos y que el trabajo estima que podrían evitar entre seis millones seiscientas mil y veintinueve millones y medio de muertes desde ahora y hasta el citado 2030. Evidentemente la tarea para conseguir la implantación de esas medidas no parece nada fácil dado como están las cosas en este nuestro desquiciado planeta, pero, qué demonios, ¿no serían algo más que justo?