Explotaciones porcinas
El hecho de que el Gobierno de Castilla-La Mancha haya aprobado una moratoria a la nueva construcción de macrogranjas porcinas en los tres próximos años y que imponga a las explotaciones futuras sistemas tecnológicos modernos para el control y tratamiento de los residuos deja claro que el Ejecutivo de García-Page apuesta por una regulación de un sector que exige una atención especial y que, desde luego, no puede tratarse sólo desde la óptica de la rentabilidad económica. De ahí, que desde el Gobierno regional se haga una llamada al diálogo y al consenso de todas las partes. De lo que se trata es de ordenar no de criminalizar.
La polémica surgida en los últimos días acerca de las declaraciones del ministro Alberto Garzón al diario “The Guardian” no ha hecho más que poner sobre la mesa la vieja disyuntiva de optar por un modelo extensivo o intensivo para la cría del ganado. Este “ser o no ser” relativo a las macro granjas se ha convertido, desgraciadamente, en un arma arrojadiza entre ideologías políticas enfrentadas. Las izquierdas orientan sus mensajes hacia la sostenibilidad medioambiental de las pequeñas explotaciones; las derechas hacia la sostenibilidad del enorme negocio que suponen las grandes instalaciones. En medio queda el asunto de la calidad de la carne. En este sentido, nadie duda de que tanto en un sistema de producción como en otro rigen estrictas normas sanitarias, ambientales y de procedimiento que son supranacionales y que nadie con dos dedos de frente puede saltarse si quiere mantener su granja abierta y exportar su carne. A nadie se le escapa tampoco que hay una diferencia en la calidad entre los productos de ambos sistemas, tanto en este como en todos los sectores. Pero ello no indica que deba criminalizarse a cualquiera de las dos alternativas.
En este sentido, lo que deberían de primar son criterios científicos, no políticos, que determinen que en ambos casos ni el medio ambiente ni la salud de los ciudadanos sufran ningún peligro. Pedir la recusación o la dimisión de un ministro que defiende lo expresado por Garzón es tan inconveniente como negar que el titular de Consumo podría haber hablado con algo más de diplomacia.
Ahora resulta también sorprendente que determinados dirigentes políticos que anteriormente incluso prohibían las macrogranjas en sus municipios las defiendan ahora a ultranza y exijan la cabeza de alguien que no es partidario de ellas. También resulta chocante que haya trascendido, y se dé por verdadera, una versión inexacta y descontextualizada de las palabras de Garzón. Llegados a este punto habría que exigir a estos próceres un discurso más comedido, porque no se puede soplar y sorber a la vez, y recordarles que las mentiras tienen las patas muy cortas.
En cualquier caso, deben ser los bolsillos de los consumidores y los controles de la Ciencia y la Sanidad quienes decidan qué animal llevar a la mesa. Igualmente, las administraciones tendrán que regular las prácticas ganaderas para que coexistan de forma inocua las extensivas y las intensivas, porque la inercia observada en los últimos años indica que ambas opciones van a permanecer en nuestros pueblos. El futuro y la Naturaleza pondrán a cada una en su sitio.
