Un asunto pendiente

Al hilo de la celebración, anteayer mismo, 31 de mayo, del Día de nuestra Comunidad, el presidente Emiliano García Page tornaba a sacar a la palestra uno de esos asuntos que de tanto en tanto saltan al  debate político por estas nuestras tierras sin que nadie realmente le haya acabado de hincar nunca en la práctica real el diente: una reforma de ese nuestro Estatuto de Autonomía que en agosto precisamente de este tan políticamente ajetreado año cumplirá sus cuarenta de existencia, que, a la contra y corrigiendo la en su día realizada a la baja, eleve el número actual de diputados que integran nuestras Cortes regionales. Recién cerrada la consulta electoral municipal-autonómica del pasado 28 y con la ya cumplida convocatoria en el inmediato horizonte del 23 de julio para las generales no parece desde luego que el momento vaya a ser el más propicio para atenderla teniendo en cuenta que de seguro las preocupaciones más inmediatas hasta la próxima llamada general a urnas de las fuerzas políticas van a marchar, y a todo tren, por otros más inmediatamente urgentes cauces e intereses, pero desde luego, no es precisamente una cuestión baladí la rescatada por las palabras de García Page pues, con independencia de cuáles hayan sido o no las causas precisas que le hayan llevado  a hablar al respecto de un “tapón democrático”, evidente es que por supuesto la actual composición de nuestra asamblea regional afecta directamente, como él mismo señalaba, a la propia representatividad de la pluralidad política de nuestro territorio que no es lógico que cuente con una cámara representativa cuyo hoy por hoy corto número de integrantes, treinta y tres –tan sólo autonomías uniprovinciales como La Rioja, también con treinta y tres representantes o Cantabria, con treinta y cinco, rondan esa cifra en tanto que, por ejemplo, Murcia tiene cuarenta y cinco miembros, la Asamblea de Extremadura cuenta con sesenta y cinco o Aragón con sesenta y siete–  nos lleva a que, inevitablemente, y respondiendo a los criterios de proporcionalidad establecidos, no refleje la realidad plural de nuestra Comunidad ya que en la práctica impide de hecho el acceso a la cámara representativa de la mayor parte de los grupos no mayoritarios. El problema es real y lo que es  lamentable es que no se haya entrado mucho antes a darle solución, pero ojalá esas declaraciones se concreten de verdad en un ponerse a buscársela y conseguírsela y ojalá también las otras fuerzas que como resultado de la recién cerrada convocatoria electoral autonómica se lo planten asimismo y estén por la labor que al fin y al cabo nuestro propio mismísimo Estatuto de Autonomía deja bien claro en su artículo 4.2  que corresponde a los poderes públicos regionales  “promover las condiciones para que la libertad y la igualdad del individuo y de los grupos en que se integra sean reales y efectivas, remover los obstáculos que impidan o dificulten su plenitud y facilitar la participación de todos los ciudadanos en la vida política, económica, cultural y social de la región”, algo, esto último, que bien claro queda que con las actuales  trabas numéricas que impiden que en nuestra asamblea regional se dé una efectiva representación de la pluralidad ideológica de su ciudadanía, dista mucho, pero que mucho,  de cumplirse cual debiera.