Page destaca el “blindaje” del Estado de Bienestar en el nuevo Estatuto

El presidente de Castilla-La Mancha, Emiliano García-Page, ha recordado que la propuesta de reforma del Estatuto de Autonomía de la región comenzará mañana martes su trámite en el Congreso de los Diputados, en lo que considera “una oportunidad histórica” para reforzar las políticas sociales y de igualdad en la comunidad.

Durante la iunauguración de la primera fase de la Casa de la Igualdad de Cuenca, García-Page ha destacado que “Castilla-La Mancha planteará ni más ni menos que la modificación del Estatuto de Autonomía”, recordando que la norma “es nuestra pequeña Constitución” y constituye “la mayor ley que podemos hacer desde aquí”, por ser una ley orgánica que solo puede ser aprobada por las Cortes Generales.

El presidente ha confirmado que será él mismo quien intervenga ante la Cámara Baja para defender el texto y ha subrayado el amplio consenso alcanzado en su gestación entre el PP y el PSOE. “Puede terminar siendo de las pocas leyes que se aprueben en estos próximos meses, no lo sé, pero curiosamente esta se hace desde el consenso”. Además, el presidente autonómico espera contar con el apoyo del resto de fuerzas presentes en el Congreso de los Diputados.

Más allá de la fotografía política, García-Page ha insistido en la importancia del contenido de la reforma. “Llevamos al Estatuto de Autonomía el blindaje, la garantía al máximo nivel de lo que podríamos denominar el Estado de Bienestar y de las políticas de igualdad”. Según ha explicado, el texto incorpora un dispositivo de derechos que quedará garantizado por la propia ley orgánica.

En este punto ha señalado que, de aprobarse, los derechos sociales y de igualdad podrán ser defendidos incluso judicialmente si un gobierno futuro se aleja de ellos. “Cuando venga alguien que no lo quiera aplicar, se le podrá reivindicar incluso ante los tribunales, porque por eso se establecen como derechos. Para que, en última instancia, alguien pueda decir: ‘oiga, me están vulnerando’”.

Page ha descrito esta aprobación como “la máxima garantía a la que puede aspirar una sociedad contemporánea y moderna”, y ha enmarcado la reforma en un contexto social donde considera necesario defender valores democráticos frente a discursos que niegan la violencia o cuestionan el sistema.

El presidente ha defendido así una reforma cuyo objetivo central es blindar derechos y dar estabilidad a las políticas sociales e igualitarias, reforzando la cohesión institucional de Castilla-La Mancha y dotándola de herramientas que trasciendan ciclos políticos.