Un total de 83 empresas de la provincia de Cuenca deberán elaborar e implantar Planes de Movilidad Sostenible al amparo de la nueva normativa estatal, una medida que afectará a 20.143 trabajadores. Así lo explica el secretario general de Comisiones Obreras en Cuenca, Carlos Hortelano, quien insta a las empresas a comenzar “cuanto antes” la negociación de estos planes cuyo plazo de implantación concluye en diciembre de 2026.
Según los datos que aporta el sindicato, de esas 83 empresas, 38 cuentan con plantillas de más de 200 trabajadores, por lo que están obligadas directamente a negociar estos planes desde la entrada en vigor de la Ley 9/2025, que busca racionalizar los desplazamientos al lugar donde se desarrolla la actividad de los empleados, clientes, proveedores y visitantes. A ellas se suman 45 empresas con entre 100 y 199 empleados, que también deberán hacerlo cuando existan turnos de al menos un centenar de trabajadores.
Eso sí, aunque la cuenta atrás ya está en marcha, Hortelano reconoce que el proceso aún se encuentra en una fase muy inicial. “Las empresas no están todavía manos a la obra. Esto es algo nuevo y siempre cuesta arrancar”, señala. En este sentido, desde CCOO hacen un llamamiento para que la movilidad sea entendida como “un factor estructural a la hora de organizar el trabajo y que se debe negociar”, del mismo modo que ya ocurre con los planes de igualdad.
Por ello, el sindicato prevé impulsar la apertura de las mesas de negociación una vez concluya el verano y previamente ofrecerá formación específica a sus delegados sindicales para afrontar la negociación de estos nuevos instrumentos.
Del total, 38 empresas tienen más de 200 trabajadores y las 45 restantes cuentan con entre 100 y 199 empleados
Los Planes de Movilidad Sostenible buscan mejorar la forma en la que los trabajadores se desplazan hasta sus centros de trabajo, favoreciendo una movilidad “segura, saludable y sostenible”, al tiempo que permitirá reducir el impacto ambiental y prevenir los accidentes laborales in itinere.
Entre las medidas que pueden incorporarse figuran fomentar el uso compartido del vehículo privado, el impulso del transporte público, la creación de rutas de transporte colectivo financiadas por la empresa o el teletrabajo cuando la actividad lo permita.
Además, la normativa también contempla incentivos para favorecer el uso del transporte público mediante vales o tarjetas de transporte para los empleados, que disfrutan de ventajas fiscales. En concreto, estas opciones están exentas de tributación en el IRPF hasta 136 euros mensuales y un máximo de 1.500 euros anuales por trabajador, tal y como recuerda el dirigente sindical.
En este sentido, al igual que sucede con los planes de igualdad, los Planes de Movilidad Sostenible deben negociarse entre la empresa y la representación legal de los trabajadores y, una vez alcanzado el acuerdo, deben registrarse oficialmente en el Espacio de Datos Integrado de Movilidad (EDIM). Si bien, la ley establece una vigencia de entre tres y cinco años, durante los cuales se realizará un seguimiento de las medidas implantadas y podrán introducirse modificaciones consensuadas entre las partes para mejorar su eficacia.
EMPRESAS CONQUENSES
En la provincia de Cuenca, las empresas afectadas pertenecen a sectores muy diversos y se distribuyen por todo el territorio. Entre los ejemplos que cita Hortelano figuran empresas del sector cárnico, grandes compañías del transporte por carretera, supermercados, Correos, GEACAM, los ayuntamientos de Cuenca y San Clemente o el Servicio de Salud de Castilla-La Mancha (SESCAM), ya que la obligación también alcanza a las administraciones públicas.
Con todo, desde CCOO consideran que estos planes suponen “seguir avanzando en derechos” para los trabajadores, al entender que el desplazamiento al puesto de trabajo “no puede recaer exclusivamente sobre las espaldas de la persona trabajadora”. Asimismo, Hortelano recuerda que la normativa prevé futuras líneas de ayudas para las empresas a través del Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible con el fin de facilitar la implantación de estas medidas.
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