El muro
Como todos saben en Cuenca, la ciudad está dividida no en dos partes, sino en tres. Por un lado, está el Casco Antiguo por otro el moderno, ubicado en la parte baja de la capital. Pero este casco urbano menos histórico está a su vez subdividido en dos: la parte derecha de las vías del ferrocarril y la parte izquierda. Los carriles de hierro separan dos barriadas con evidentes diferencias en su urbanismo y sus equipamientos. Desde hace décadas, se han escuchado quejas vecinales acerca de esa división marcada por un muro y han sido varios los gobiernos municipales que han mantenido entre sus prioridades la búsqueda de soluciones viables a unos terrenos de RENFE baldíos e inútiles que no hacen otra cosa que acumular desechos. Son muchos conquenses los que han denostado una situación que mantiene a la baja la cotización de muchas viviendas que, como únicas vistas desde sus ventanas, tienen un descampado deprimente y, muy de vez en cuando, el paso de unos trenes vetustos que finalmente han dejado de pasar.
Este miércoles, las máquinas llegaban al pie del muro del Paseo de San Antonio y comenzaban su demolición. Derribados unos pocos metros, la fisonomía de la zona ya ganaba muchos enteros y auguraba el fin de la división, ante el optimismo de vecinos y propietarios de negocios por allí ubicados. Podría decirse sin mentir que la barriada se veía más luminosa. Pero rápidamente volvieron los nubarrones porque las máquinas se vieron obligadas a parar por decisión judicial. En este punto, resulta obligado preguntarse por qué motivos una institución como el Colegio de Arquitectos de Cuenca presentaba una denuncia ante la policía y un juez ordenaba el cese cautelar de la demolición. A priori resulta difícil de entender cómo un órgano colegial que tiene entre sus objetivos garantizar de muchas maneras la calidad de vidas de los ciudadanos y la defensa de un urbanismo responsable puede oponerse, por motivos estrictamente burocráticos, a una propuesta que sin ninguna duda es reivindicada desde hace décadas por los conquenses.
A posteriori se van explicando algunas cosas. La primera, que la abogada del Colegio de Arquitéctos, no es otra que la edil de Ciudadanos, Cristina Fuentes. Hay que recordar que la concejala se ha significado durante toda la legislatura por oponerse a muchas de las iniciativas del Equipo de Gobierno municipal, especialmente a las referidas al Plan XCuenca.
Aduce el recurso colegial falta de transparencia, curioso argumento cuando es conocido de sobra por la ciudadanía el destino de los terrenos que el muro delimita. Alega también que faltan los permisos necesarios; en este punto cabe preguntarse hasta qué punto un ayuntamiento y una diputación pueden acometer una acción de ese calado sin las pertinentes autorizaciones, máxime cuando todo lo relacionado con la supresión de la línea Tarancón- Utiel está siendo analizado con lupa por agrupaciones políticas y colectivos ciudadanos opuestos a la desaparición del tren convencional. Con todo, el componente político obstruccionista y cicatero brilla en todo este proceso, alimentado por la ambición electoralista y el “no a todo” que han caracterizado las posturas de la oposición municipal. En este sentido, el Colegio de Arquitectos de Cuenca quizá se equivoque si lo que pretende –como dejaban ver tanto el aclade como el presidente de Diputación– es respaldar las aspiraciones de su letrada en las urnas en detrimento de los intereses de muchos ciudadanos. En cualquier caso, se espera que una institución de esa índole se mantenga neutral en la contienda electoral, no sea que se le adhieran etiquetas muy difíciles de despegar.
