Soria, Cuenca y Teruel fortalecen su estrategia en la Red SSPA ante un 2027 decisivo
Las organizaciones empresariales y las diputaciones de Soria, Cuenca y Teruel han acordado reforzar su colaboración para defender ante las instituciones españolas y europeas medidas específicas contra la despoblación, ante un 2027 decisivo por la revisión de las ayudas de Estado y la negociación del presupuesto comunitario 2028-2034.
Así lo han acordado en la reunión anual de la Red de Áreas Escasamente Pobladas del Sur de Europa (SSPA), celebrada este martes en la sede de FOES en Soria, donde han hecho balance de la actividad de 2026 y fijado sus prioridades para el próximo ejercicio.
Entre sus principales reivindicaciones figura una aplicación más intensa de las ayudas al funcionamiento empresarial, que pueden alcanzar hasta el 20 % de los costes laborales, así como el mantenimiento de un tratamiento diferenciado para las provincias escasamente pobladas en la futura normativa europea.
Las seis entidades -FOES, CEOE Teruel y CEOE CEPYME Cuenca, junto a las tres diputaciones provinciales- han incidido en que, pese a la mejoría de algunos indicadores demográficos y económicos, Soria, Cuenca y Teruel siguen evolucionando por debajo del conjunto de España y necesitan políticas específicas para corregir los desequilibrios territoriales.
En este sentido, el presidente de CEOE Castilla y León y de FOES, Santiago Aparicio, ha advertido de que las decisiones que se adopten en Bruselas condicionarán la capacidad de las tres provincias para atraer inversiones, apoyar a sus empresas y generar empleo.
Por su parte, el presidente de la Diputación de Soria, Benito Serrano, ha reclamado al Gobierno que aplique las ayudas al funcionamiento en toda su intensidad y que Europa prorrogue estas medidas, cuya vigencia actual termina el 31 de diciembre de 2027.
El conjunto de la Red SSPA ha destacado también su trabajo de interlocución directa con las instituciones comunitarias durante 2026, especialmente en la revisión de las normas sobre ayudas de Estado y en la futura política de cohesión territorial.
Así, las seis entidades han coincidido en mantener una estrategia conjunta para que las particularidades de estos territorios queden recogidas en los próximos reglamentos europeos y se traduzcan en medidas efectivas para impulsar la actividad económica y fijar población.