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Caso Morate

Fiscalía mantiene su petición de 48 años de cárcel para Sergio Morate

En una nueva sesión del juicio oral que se celebra este sábado en la Audiencia Provincial
Fiscalía mantiene su petición de 48 años de cárcel para Sergio Morate
28/10/2017 - Mónica Jiménez

La Fiscalía ha mantenido su petición de 48 años de cárcel por dos delitos de asesinato para Sergio Morate Garcés, acusado de haber matado, el 6 de agosto de 2015, a su exnovia Marina Okarinska, por el que le pide 25 años de prisión, y una amiga de ésta, Laura del Hoyo, por cuya muerte solicita 23 años de privación de libertad.

Durante la sexta sesión del juicio que se celebra en la Audiencia Provincial de Cuenca en audiencia pública y con Tribunal del Jurado, la fiscal ha mantenido los cargos contra el acusado como autor de ambos crímenes al entender que el asesinato de Marina Okarinska se produjo por asfixia mecánica por estrangulación después de haberle propinado un fuerte golpe en la parte posterior de la cabeza que le llega hasta el encéfalo, la deja "absolutamente inconsciente" y que se produce "necesariamente de forma sorpresiva, por lo que no se pudo defender".

"No tuvo defensa ninguna, era una muerte pensada, meditada y preparada", ha dicho, para, a continuación, considerar acreditado que, para darle Muerte, Morate le colocó una brida que le redujo el perímetro de su cuello de 23 a 8 centímetros y que posteriormente cortó, "seguramente, porque produce cara de espanto con protusión de ojos y lingual", razón por la cual, según el propio testimonio de Sergio Morate "no pudo verle la cara y le colocó una bolsa".

En este caso entiende que concurre el agravante de alevosía, relación de parentesco y asesinato por razón de género y que llegó a matarla "porque no asumió la decisión de Marina, que nunca llegó a denunciar, desgraciadamente". "El último acto de dominación que realizó sobre la persona de Marina fue matarla en el acto de dominación más horroroso al que se puede llegar", ha manifestado.

"No fue un momento de arrebato, fue una muerte pensada y totalmente premeditada en todos sus extremos" sobre una mujer "que vive en situación de temor, control y dominación por parte de su pareja" y cuya muerte "la tenía perfectamente dibujada en su cabeza". En cuanto a los actos preparatorios, entiende "perfectamente acreditado" la compra de cal o, al menos, "que cogió cal de algún sitio próximo y que en julio de 2015 hizo gestiones para la compra de cal" así como que el lugar de los enterramientos fue "buscado a propósito" en un emplazamiento previamente conocido por el acusado.

Junto a ello, ha hecho mención al registro del domicilio de la calle río Gritos en el que se encontraron bolsas de basura comunitarias de las que faltaban solo dos unidades, así como una bolsa de bridas, "que indica que maneja perfectamente la que utilizó para darle muerte y la tenía preparada antes" de colocarla sobre el cuello de Marina, cinta adhesiva, cinta americana y un cortafríos. Junto a ello, ha mencionado la compra de un teléfono móvil cuya tarjeta se activa tres días antes de la comisión de los asesinatos, aunque empieza a utilizarse después y cómo pidió prestado a un conocido el Seat Ibiza en el que, supuestamente, trasladó los cadáveres.

Según su relato, una vez preparado el escenario y los efectos para acabar con su vida y deciendo él "el momento" en que Marina tenía que ir a recoger sus pertenencias y lo fija en el día 6 de agosto de 2015. Esa jornada, Marina y su familia comieron alrededor de las 14.30 horas, tal y como ha probado el análisis del contenido gástrico de su cadáver, y a las 16.50 horas aproximadamente recibe la llamada del acusado, a raíz de la cual, ella llama a su amiga Laura para que la acompañe.

La última llamada que recibe el móvil de Marina procede del terminal de Sergio Morate y se produce a las 17.31 horas, ya en la urbanización río Gritos, hora y lugar en los que se ubican los tres teléfonos y que, por esta razón, considera el lugar de la comisión del delito, aunque no se hayan encontrado vestigios de la presencia de Laura porque la muerte "fue rápida y sin sangre".

Una vez "cumple su deseo" de asesinar a Marina, trata de impedir que Laura huya, tal y como, según la fiscal, probarían los desgarros que presentaba su ropa, "compatibles", al igual que las lesiones que presentaba su cuerpo, con un forcejeo en el transcurso del cual recibió un puñetazo en el pómulo izquierdo. Con sus posibilidades de defensa "claramente disminuidas", Morate le habría dado muerte a través de una maniobra de asfixia manual.

Un segundo asesinato que se cometió "para evitar ser descubierto". "No era amiga ni enemiga de Sergio Morate, murió ese día porque estaba, no la mató por ninguna otra razón", ha aclarado la fiscal.

En relación a la autoría por parte de Sergio Morate, además de la presencia de su perfil genético en la boquilla de una garrafa de agua de la Virgen de Lourdes encontrada en el lugar de enterramiento, en el paraje El Bodegón de Palomera, la autoría por parte de Sergio Morate quedaría acreditada por la confesión que realizó a varios agentes de policía, de forma implícita a su prima A.M. así como a su amigo A.E. con el que tendría la coartada, y de forma explícita a S.H., esposa de su amigo Istvan Horvath, que le habría acogido en Lugoj tras la huida que emprendió hacia Rumanía donde fue detenido horas después a la localización de los cadáveres, que se produjo en la tarde noche del día 12 de agosto de 2015.

En cuanto a las circunstancias agravantes, en el caso del asesinato de Marina concurren, según Fiscalía, los agravantes de parentesco, alevosía y comisión de asesinato por razón de género y en el caso de Laura del Hoyo, la comisión de un delito para ocultar la comisión de otro delito previo y de abuso de superioridad.

Junto a la pena privativa de libertad, a juicio del Ministerio Fiscal procede imponer al acusado la prohibición de aproximarse a los familiares de ambas víctimas a una distancia inferior a 500 metros o comunicarse con ellos así como la prohibición de acudir a Cuenca por un tiempo de diez años superior al de la pena privativa de libertad que se le imponga y una medida de libertad vigilada de diez años. Con respecto a la responsabilidad civil, el Ministerio Público ha pedido para ambas familias una indemnización superior a los 510.000 euros.