El recurso al CNEP pretende "garantizar la normativa de eficiencia energética"
El proceso de licitación de las obras del futuro Centro Nacional de Estudios Penitenciarios (CNEP) de Cuenca continúa paralizado después de que la empresa Pradditive IAQ, S.L. presentara un recurso especial ante el Tribunal Administrativo Central de Recursos Contractuales (TACRC). Si bien, la empresa ha explicado este viernes, a través de una nota de prensa, los motivos técnicos y jurídicos que han motivado su decisión.
Según señala la empresa en el comunicado, el recurso tiene como finalidad “garantizar que el procedimiento de licitación cumpla estrictamente con la normativa vigente en materia de eficiencia energética”. Pradditive recuerda que, tras la modificación del Reglamento de Instalaciones Térmicas en los Edificios (RITE) mediante el RD 178/2021, la memoria del proyecto debe incluir una “comparativa técnica, económica y medioambiental” —conforme a la IT 1.2.3— entre las instalaciones térmicas previstas inicialmente y las alternativas de alta eficiencia disponibles, como la tecnología IBPA®.
El director general de la compañía, Juan Gil Gutiérrez, subraya que la actuación de Pradditive no busca entorpecer el avance del proyecto. “Nuestro recurso no busca retrasar la obra, sino asegurar que todos los requisitos técnicos y legales se cumplan de manera transparente y rigurosa, subsanar un vicio de nulidad y garantizar que la Administración reciba instalaciones de alta eficiencia que, además, son más económicas de adquirir, construir y mantener”, afirma.
La empresa confía en que “el órgano competente adopte una resolución favorable que permita corregir las omisiones detectadas”. En su comunicado, Pradditive destaca que su objetivo es “contribuir a garantizar que los proyectos públicos cumplan plenamente con la normativa vigente y los principios de eficiencia energética y calidad del aire interior”.
Finalmente, la compañía reitera su compromiso con la profesionalidad, la transparencia y la defensa del interés público, asegurando que todas sus actuaciones buscan “proteger tanto su interés legítimo como el interés general, y garantizar la correcta ejecución de los proyectos públicos en beneficio de la sociedad”.
