Diez años de prisión para el interno que agredió a un funcionario de cárcel de Cuenca
La Audiencia provincial de Cuenca ha condenado a diez años de prisión al recluso que agredió a un funcionario de la cárcel de Cuenca por un delito de homicidio en grado de tentativa y otro de atentado, además de tener que indemnizar al funcionario con 23.312 euros, de los que responderá subsidiariamente el Estado, por haber mantenido a un preso peligroso en una cárcel sin medios para contenerlo.
En la sentencia, fechada el 17 de enero y a la que ha tenido acceso EFE, se recoge que el recluso, de nacionalidad marroquí, agredió el 27 de octubre de 2021 a uno de los funcionarios que había entrado en su celda al que causó heridas en el cuello con unos cristales rotos y que "el agresor llevó a cabo todos los actos objetivamente necesarios para producir la muerte y, sin embargo, la misma no se produjo por causas
independientes de la voluntad del autor".
La sala ha aplicado una atenuante simple porque el recluso sufre un trastorno de esquizofrenia, que aducía la defensa como eximente, pero ha considerado que en el momento de los hechos "tenía reducidas de forma relevante sus facultades volitivas e intelectivas" y sólo "presentaba un residuo patológico, llamado defecto esquizofrénico, que conserva quien parece tal enfermedad", ha sostenido.
Asimismo, ha subrayado que el acusado tenía un amplio historial de conflictos en centros penitenciarios como Castellón, Villena (Alicante), Valdemoro o Estremera (Madrid), con un nivel de peligrosidad de primer grado, pese a lo cual se le ingresó en una celda ordinaria, cuando en la prisión de Cuenca había dos celdas de aislamiento vacías.
En este sentido, el auto ha puesto de relieve que cuando seis funcionarios acudieron a la celda a reducir al interno, que estaba dando golpes y destrozando material, "no había escudos suficientes" y sólo tenían dos antidisturbios.
Por otra parte, ha estimado que el Centro Directivo de Instituciones Penitenciarias "no observó plenamente el contenido del artículo 31 del Reglamento Penitenciario", al no responder a la petición de traslado del recluso que le hizo la dirección de la cárcel de Cuenca.
Ha creído "evidente que si el acusado hubiese sido trasladado a otro centro penitenciario dotado de las necesarias medidas de seguridad nada más recibirse la petición de traslado planteada por el Consejo de Dirección de la prisión de Cuenca la agresión al funcionario no se hubiese producido".
Por ello, ha observado que hay una responsabilidad civil subsidiaria del Estado respecto a los 23.312 euros que el acusado debe pagar a la víctima en concepto de indemnización.
La sentencia también ha condenado al acusado a pagar una multa de 120 euros y una indemnización a Instituciones Penitenciarias de 307 euros por los daños causados en la celda.
