Los nuevos contratos indefinidos en Cuenca, Soria y Teruel han aumentado un 63%

La vicepresidenta y ministra para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico, Teresa Ribera, ha anunciado hoy en Albacete la puesta en marcha del Plan 'Reto Rural Digital', con una inversión de 90 millones, dentro del Plan Nacional de Competencias Digitales, para formar en estas competencias a más de 380.000 personas del medio rural hasta 2025.

El inicio del proyecto, que se ha anunciado durante el acto de inauguración del Congreso Nacional de Despoblación organizado por la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), está orientado a los colectivos más vulnerables del medio rural, con un programa de capacitación con entidades sin ánimo de lucro.

La cobertura prospectiva de 100mbps en el medio rural superaba en 2022 el 85% y sitúa a España entre los países europeos con mayor porcentaje de población rural cubierta por fibra óptica. Asimismo, la brecha de cobertura digital de 100mbps del medio rural se ha reducido desde 2018 de 42,5 a 8,8 puntos.

"No es suficiente con garantizar la cobertura, también es imprescindible desplegar las competencias digitales", ha explicado Ribera.

Durante su intervención, la vicepresidenta ha destacado que las ayudas de funcionamiento en Cuenca, Soria y Teruel suponen un instrumento útil para fortalecer la actividad económica de la zona. Los contratos indefinidos en estas ciudades han aumentado un 63% respecto a enero de 2022 por la reforma laboral y por el incentivo a nuevos contratos, especialmente en pequeños municipios.

Ya se han firmado más de 4.550 contratos indefinidos en estas tres provincias en enero de 2023, que cuentan con una bonificación entre el 15% y el 20% de su cuota según municipio.

En este mismo congreso, el vicepresidente del Gobierno de Castilla-La Mancha, José Luis Martínez Guijarro, ha reclamado una nueva financiación autonómica y local que incorpore el gasto que supone mantener los servicios básicos como sanidad, educación y servicios sociales en zonas afectadas por la despoblación.

Un nuevo modelo de financiación que, tal y como ha destacado, premia poner en marcha más medidas para frenar la pérdida demográfica que afecta a buena parte del territorio de Castilla-La Mancha y hacer frente al coste efectivo y real que supone mantener los servicios públicos en esos territorios. Unos costes, que en el caso de  la Atención Primaria, “cuestan cuatro veces más en las zonas afectadas por despoblación que en las zonas que tienen población suficiente, y esto se puede trasladar a la educación o la atención a la dependencia”, ha declarado el vicepresidente.
 
50 municipios más beneficiados por la fiscalidad diferenciada
 
Asimismo, Martínez Guijarro ha recordado las medida que el Ejecutivo presidido por Emiliano García-Page ha venido implantando desde el año 2015 en esta materia y que quedan plasmadas en la Ley de Medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación y para el Desarrollo del Medio Rural en Castilla-La Mancha, una norma novedosa, pionera a nivel nacional y que incorpora la fiscalidad, por primera vez en la historia de nuestro país, como herramienta de discriminación positiva para convertir a los pueblos “en lugares atractivos para vivir y para invertir”, ya que supone la reducción de hasta el 25 por ciento de la cuota del tramo autonómico de IRPF por el hecho de vivir en estos pueblos.
 
En este punto, ha avanzado que el Gobierno regional ha ampliado las medidas fiscales a otras nuevas zonas de la región, lo que se traduce en que “hay 50 municipios más que en la próxima declaración de la renta se van a poder beneficiar de las deducciones fiscales que incluye la Ley”. En concreto de la desgravación de entre el 10 y 15 por ciento del IRPF por residencia habitual en estas zonas. Se trata, tal y como ha explicado, de municipios que están en zonas en riesgo de despoblación y zonas intermedias.
 
 Finalmente, Martínez Guijarro ha indicado que el Gobierno de Castilla-La Mancha va a proponer a las cinco diputaciones provinciales de la región la firma de un acuerdo para llevar a cabo “una agenda común” a través de la que aunar esfuerzos en la lucha contra la despoblación. El objetivo, ha dicho, es sumar a esa estrategia la actuación que hacen cada una de las cinco diputaciones y “sacar una mayor rentabilidad y eficacia a los recursos”.