El juicio por tráfico y cultivo de Marihuana en Valera y pueblos cercanos arranca este martes

La Fiscalía Provincial de Cuenca solicita penas de prisión y multas para once acusados por, supuestamente, formar parte de una  una red dedicada al cultivo y distribución de marihuana en Valera de Abajo y localidades cercanas, en un juicio que  arranca este martes en la Audiencia Provincial  y se perolongará a lo largo del miércoles 29 de abril.

Según el escrito de acusación, el principal procesado, M.D.M.M., ideó en 2020 un sistema para instalar plantaciones de marihuana en el interior de viviendas, contando con la colaboración de otros acusados que captaban a vecinos y familiares, quienes cedían sus domicilios a cambio de entre 1.000 y 2.000 euros por cosecha.

La organización suministraba el material necesario para el cultivo ‘indoor’, mientras que los ocupantes de las viviendas se encargaban del mantenimiento y la recolección, utilizando además enganches ilegales a la red eléctrica.

La investigación, iniciada tras quejas vecinales, culminó con registros el 7 de diciembre de 2020 en varios inmuebles, donde se intervinieron más de 1.400 plantas de marihuana, droga, material de cultivo, dinero y un rifle con la numeración borrada.

El Ministerio Fiscal imputa a los acusados delitos de organización criminal, contra la salud pública, tenencia ilícita de armas y defraudación de fluido eléctrico.

Para M.D.M.M., solicita dos años de prisión por organización criminal, tres años por delito contra la salud pública, un año y seis meses por tenencia ilícita de armas y doce meses de multa por defraudación eléctrica, además de una multa de 70.000 euros.

Para S.E.G. se piden un año de prisión por organización criminal, dos años por delito contra la salud pública y multa de 40.000 euros, además de seis meses de multa por defraudación eléctrica.

Para M.R. se solicita un año de prisión por organización criminal y dos años por delito contra la salud pública, con multa de 40.000 euros.

El resto de procesados —M.R., L.I.G., L.G., G.G., M.D.T., P.I., T.O.M. y A.S.M.— se enfrentan a penas de entre uno y un año y medio de prisión por delitos contra la salud pública, además de multas que oscilan entre 1.000 y 15.000 euros y sanciones por defraudación eléctrica.

El escrito recoge además la obligación de indemnizar a la compañía eléctrica por el consumo defraudado, que asciende a un total de 19.583,82 euros.