Diputación aprobará un paquete de medidas para flexibilizar la tramitación de tributos
La Diputación de Cuenca aprobará un primer paquete de medidas para flexibilizar y ayudar a los ciudadanos de la provincia en la tramitación de sus tributos, que incluirá retrasar dos meses el cargo en cuenta de los tributos domiciliados. Además, ampliará a tres meses el periodo voluntario de recaudación, el Organismo Autónomo de Gestión Tributaria y Recaudación suspende las gestiones administrativas de cobro en vía ejecutiva y permite el fraccionamiento de todos los tributos.
El presidente de la Institución provincial, Álvaro Martínez Chana, ha declarado que el objetivo del equipo de gobierno es paliar, en la medida de lo posible, las consecuencias económicas que sufrirán los conquenses debido a la crisis del coronavirus.
“Vamos a ser muy ambiciosos”, ha dicho el presidente provincial, quien avanza también que ya están trabajando en paquetes para ayudar a ayuntamientos, pymes y autónomos.
Y es que, a juicio de Martínez Chana, esta situación excepcional, necesita medidas excepcionales, por lo que “no se van a escatimar esfuerzos”.
Paquete de medidas
El Organismo Autónomo de Gestión Tributaria de la Diputación Provincial de Cuenca retrasa en un mes el inicio del periodo voluntario de recaudación correspondiente al ejercicio 2020, y amplía la duración del mismo de dos a tres meses, de igual forma se cobrarán los recibos domiciliados en el mes de julio, en lugar de en el mes de mayo. Este paquete también contemplará la posibilidad de fraccionar todos los tributos, y no sólo el IBI como sucedía hasta ahora.
Entre las medidas adoptadas, y mientras perdure la situación excepcional por la que atraviesa el país, se suspenderán todas las gestiones administrativas en vía ejecutiva o que tengan procedimiento de apremio.
Estos cambios en el calendario del contribuyente no van a suponer ninguna alteración en el pago de las entregas a cuenta que la Diputación Provincial de Cuenca realiza a los ayuntamientos a través del Organismo de Gestión, que afrontará dichas entregas con recursos propios de tesorería, para que las corporaciones locales tengan garantizados sus ingresos y no les perjudique en liquidez para hacer frente a los servicios públicos.
