El cereal se paga a precio de hace medio siglo, pero con costes que se han triplicado. Esa es la realidad que denuncian las organizaciones agrarias ASAJA, UPA y el Sindicato Independiente Agropecuario de Cuenca (Siac) que han salido este miércoles a la calle para recoger firmas en defensa de unos precios justos y del cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria. Aseguran que las importaciones masivas de grano sin garantías están arruinando a los agricultores y exigen protección para la producción nacional.
La iniciativa busca visibilizar la situación límite por la que atraviesa el sector cerealista ante la caída de precios por debajo de los costes de producción, agravada por las importaciones masivas sin control que hunden el mercado nacional, por lo que exigen al Ministerio de Agricultura y a las instituciones europeas la adopción de medidas urgentes.
Entre las principales demandas, los representantes agrarios insisten en la necesidad de garantizar el cumplimiento efectivo de la Ley de la Cadena Alimentaria, que establece que ningún producto puede venderse por debajo de los costes de producción. Según alertan, esta norma se está incumpliendo de manera sistemática, dejando a los agricultores sin márgenes de rentabilidad.
José Álvaro Martínez, presidente de Siac, ha denunciado que los precios actuales de la cebada rondan los 170 euros por tonelada, lo que supone un 20% menos que en la campaña anterior y está muy por debajo de los costes de producción, que se han triplicado en las últimas décadas. “Ahora mismo nos pagan la cebada como hace 45 años, pero con costes que han subido un 300%. Esto es insostenible”, ha lamentado.
Martínez también ha criticado "a pasividad" del Gobierno central, recordando que en 2020 se comprometió públicamente con el sector agrario durante la pandemia. “Dijeron que éramos esenciales junto a sanitarios y fuerzas de seguridad, pero ahora todo se legisla en contra de nuestros intereses”, ha señalado.
Desde UPA Castilla-La Mancha, su secretario ejecutivo, Miguel Esponera, ha puesto el foco en la competencia desleal que suponen las importaciones masivas de cereal de terceros países, especialmente de Ucrania. A su juicio, se está inundando el mercado europeo con productos más baratos que no cumplen ni las normas sanitarias ni laborales que se exigen a los productores españoles. “Nos obligan a competir con cereal producido con fitosanitarios prohibidos aquí, sin garantías sanitarias ni respeto a los derechos laborales”, ha explicado.
Las consecuencias, añade Esponera, son devastadoras: “El cereal importado llega a precios muy bajos, nos saturan el mercado y luego nos quieren comprar a nosotros a precios de ruina”.
Por su parte, Manuel Torrero, secretario general de ASAJA Cuenca, ha subrayado la gravedad estructural del problema. Cuenca, ha recordado, es la provincia con mayor superficie y producción de cebada de toda España, con más de 330.000 hectáreas dedicadas al cereal. Sin embargo, el hundimiento de precios y el encarecimiento de insumos como los fertilizantes está poniendo en jaque la viabilidad del sector.
Torrero ha advertido de que las recientes decisiones adoptadas en el Parlamento Europeo —como la imposición de tasas a la importación de fertilizantes— podrían empeorar aún más la situación. “Vamos hacia un escenario en el que los agricultores pagarán más por los aranceles que por el propio fertilizante. Esto es inviable”, ha afirmado.
A ello se suma, según ha indicado, la falta de protección frente a los llamados “graneros del mundo”, cuyos productos están entrando en el mercado europeo en los momentos más sensibles para el productor nacional, justo en plena cosecha, contribuyendo al desplome de precios. “Estamos viendo cotizaciones más bajas que en los últimos cinco años justo cuando debería ser al revés, porque España es un país deficitario en cereales”, ha apuntado.
Las organizaciones agrarias coinciden en la necesidad de una reforma profunda de la Política Agraria Común (PAC) que contemple las particularidades del sur de Europa y, especialmente, de regiones como Cuenca, donde la agricultura de secano y la falta de relevo generacional agudizan la crisis. “Esta nueva PAC debe diferenciarse y atender la sostenibilidad de nuestras explotaciones. No puede aplicarse lo mismo en el norte que en el sur”, ha defendido Torrero.
En cuanto a las medidas necesarias para revertir la situación, las organizaciones agrarias no han planteado un precio objetivo concreto, pero sí insisten en la necesidad de contar con un marco legal que asegure la viabilidad del sector. “Lo que pretendemos es que de manera legal se proteja la supervivencia del sector”, concluye Torrero.
