Alcaldes y portavoces del PP acusan a la gestora de “okupas” y vender su voto “en beneficio propio”
Alcaldes y portavoces del Partido Popular de Cuenca han acusado a los integrantes de la gestora que encabeza José Martín-Buro de “okupas”, por no convocar un Congreso provincial tras la dimisión de Benjamín Prieto, y de vender su voto “en beneficio propio”.
Entre las voces que han hecho públicas sus discrepancias están las alcaldesas de Honrubia o Tresjuntos, Soledad Nieva y María Isabel Ramírez; o el concejal del PP en Villalba de la Sierra, Javier López Salmerón. A través de sus redes sociales, han acusado a sus compañeros de partido de votar a favor de los presupuestos de la Diputación de Cuenca para el año 2026 a cambio de nuevas liberaciones.
“El pastel ya está descubierto. Los okupas de la gestora del Partido Popular en Cuenca habían pactado, a cambio de su voto, no solo la mejora y el aumento de sus liberaciones personales en la Diputación, sino también la creación de un nuevo puesto de asesor”, señala López Salmerón.
El enfado también es patente en la alcaldesa de Tresjuncos, que asegura sentir “vergüenza” por esta forma de actuar y la anunciada ‘Ruta 238’ para conocer las necesidades de los pueblos y elaborar los programas electorales de cara a 2027. “¿Qué nos van a explicar, en lo que van a invertir su sueldo”, se pregunta.
En la misma línea se ha pronunciado la alcaldesa de Honrubia, para quien “esto es inexplicable”. Otro referente del partido y ex alcalde de Mota del Cuervo, Miguel A. Olivares, considera que este tipo de hechos son “justo lo que más mina la confianza de los ciudadanos en la política”.
Cabe recordar que el pleno de la Diputación de Cuenca aprobó en la sesión de este miércoles por unanimidad el incremento de un nuevo liberado para el Grupo Popular y de un nuevo asesor, mientras que las del Equipo de Gobierno permanecen sin cambios.
La alcaldesa de Beamud, Raquel Oliver, pasa de no estar liberada a contar con una liberación al 100%, mientras que Martín Lapeña y Juan Guadalajara elevan la suya hasta el 75%. Como nuevo asesor entra el grupo Ignacio Pulido.
Los críticos hablan de “utilización de las instituciones para asegurar sueldos, cargos y privilegios, y un reparto que nada tiene que ver con el interés general ni con las verdaderas necesidades de los municipios”.
