Las trabajadoras de las viviendas de mayores de Cuenca se unen para defender el servicio

Más de 70 trabajadoras de las viviendas de mayores de la provincia de Cuenca han presentado este martes la iniciativa ‘Viviendas Unidas’, un movimiento colectivo con el que buscan visibilizar la situación del servicio y reclamar una mayor implicación de las administraciones públicas, especialmente en materia de financiación y condiciones laborales.

En la provincia existen 66 viviendas de mayores, todas de titularidad pública, que atienden a más de 700 personas y dan empleo a más de 200 trabajadoras. De ellas, solo 37 están gestionadas directamente por los ayuntamientos, mientras que el resto cuentan con gestión privada. La mayoría se ubican en municipios pequeños y medianos del medio rural, donde este recurso resulta clave para evitar el desarraigo y la soledad de las personas mayores.

“Esta iniciativa nace del propio personal de las viviendas de mayores, tras analizar de forma conjunta la situación real que vivimos en nuestro día a día”, ha destacado Bárbara Herráiz, trabajadora de la vivienda de mayores de Abia de la Obispalía, para quien estas viviendas son “un servicio esencial, pero muchas veces invisible”.

Herráiz ha puesto el acento en la financiación del servicio y en las dificultades que atraviesan los pequeños ayuntamientos: “La subvención que reciben los consistorios lleva congelada desde hace muchos años, lo que está generando dificultades económicas, procesos de privatización y una merma de las condiciones laborales”.

Las impulsoras de ‘Viviendas Unidas’ han alertado además de la desigualdad de condiciones laborales que existe entre centros, ya que “no hay un marco laboral único y se aplican normativas distintas incluso dentro del mismo servicio”, lo que se traduce en “diferencias salariales, temporalidad, problemas para cubrir bajas o vacaciones y una sobrecarga física y emocional cada vez mayor”.

A esta situación se suma, según han explicado, el cambio en el perfil de las personas usuarias: “Cada vez atendemos a personas con mayor grado de dependencia, incluso con demencia o necesidad de grúa, lo que desborda el modelo original de viviendas pensadas para personas autónomas y pone en riesgo tanto la calidad de la atención como la salud del personal”.

Por su parte, Ángel Luis Castellano, secretario general de FSC CCOO Cuenca, ha mostrado el respaldo del sindicato a la iniciativa y ha pedido mayor implicación de las instituciones. “La subvención de la Junta lleva congelada más de 14 años, lo que está obligando a muchos ayuntamientos, especialmente los más pequeños, a asumir costes que no pueden sostener. Esto no solo repercute en el personal, sino también en la calidad del servicio que reciben las personas mayores”.

Desde ‘Viviendas Unidas’, las trabajadoras reclaman un aumento de la financiación autonómica, una mayor coordinación con la Diputación Provincial, la defensa de la gestión pública directa, el refuerzo del apoyo psicosocial y avances hacia la equiparación salarial y la mejora de las condiciones laborales. “Más de 70 trabajadoras hemos decidido organizarnos para defender el futuro del servicio, la dignidad de las personas mayores y unas condiciones laborales justas”, ha concluido Herráiz.

Las impulsoras de la iniciativa han anunciado que el manifiesto presentado servirá como base para la recogida de apoyos y han solicitado reuniones con la Junta de Comunidades y la Diputación Provincial de Cuenca con el objetivo, en palabras de Herráiz, de “no confrontar, sino visibilizar, reivindicar y construir soluciones para garantizar la viabilidad futura de un servicio imprescindible en el medio rural”.