Líneas rojas

Cuando un juzgado admite a trámite una denuncia sin pruebas y formulada por un denunciante cuya credibilidad ha sido previamente puesta en duda en numerosas ocasiones, incluso por el Tribunal Supremo, da mucho que pensar. En teoría, los jueces deberían ponderar, a priori, si unas acusaciones que pueden perjudicar la vida de una persona y de su entorno son susceptibles de tenerse en consideración, porque nada hay tan real como la sentencia “difama que algo queda”..., y más en el ámbito político. En caso contrario, la indefensión en la que queda el acusado es palmaria, sobre todo si se trata de la pareja de un presidente de Gobierno que está expuesto diariamente una tremenda presión mediática ejercida por la oposición. Flaco favor hacen también a la Justicia y a la Democracia aquellos medios de comunicación cuya labor se limita a ser voceros de una durísima campaña de acoso y derribo basada en bulos o en informaciones que no han sido contrastadas y que proceden de fuentes claramente implicadas en derribar al Gobierno desde el primer momento de su toma de posesión.   

   Si permitimos que se use la Justicia como arma política arrojadiza estamos a las puertas de asistir al entierro del Estado de Derecho. El Poder Judicial debe ser garante de los derechos y libertades de los ciudadanos y no un instrumento capaz de derribar en un momento dado gobiernos o gobernantes en consonancia con la oposición. En las actuales circunstancias, y tras haber comprobado que un juzgado otorga consistencia a la denuncia del pseudo sindicato Manos Limpias, sobradamente vinculado a la ultraderecha y a prácticas poco éticas, contra Begoña Gómez queda abierta una vía factible para pensar que el bloqueo para renovar el CGPJ responde a motivaciones alejadas del defecto de forma. Constantemente estamos asistiendo a acciones judiciales que perjudican los intereses de la coalición de Gobierno y benefician claramente a la oposición. Casos muy similares en uno y otro lado están siendo tratados por algunos jueces y fiscales con criterios dispares, en algunos casos cercanos a lo que ahora se conoce como “lawfare”, o instrumentalización de la Justicia. En los casos que afectan a la derecha, los conservadores no dudan en proclamar mentiras y bulos, atacan a los fiscales e incluso ponen en duda la acción de la policía. En los que afectan a la izquierda, dan credibilidad a denuncias sin pruebas jaleadas por medios afines y admitidas por jueces no muy alejados de su ideología.

   Decida lo que decida el próximo lunes Pedro Sánchez, resulta evidente que será una resolución meditada en medio de un verdadero cenagal político promovido desde todos los ángulos de la oposición conservadora, desde los foros políticos hasta las redes sociales, pasando por la derecha mediática. La similitud en los discursos y las actitudes del PP y de Vox en los últimos meses dejan entrever una connivencia que se hace evidente cuando analizamos los pactos que sostienen las comunidades y municipios en los que gobiernan. Si observamos la involución producida en los derechos y libertades en muchos de esos territorios, el temor a un retroceso en las garantías jurídicas conseguidas en todo este tiempo de democracia no deja de ser sólo una posibilidad, sino que se aproxima más a una triste certeza.