De Santo Domingo a Cuenca para enseñar un modelo diferente de ciudad
Llevan más de 60 años mejorando la vida de miles de personas en materia de vivienda, han conseguido grandes logros sociales y consolidado un modelo de asociacionismo vecinal que ha mejorado la cohesión de los barrios e impulsado la participación e implicación ciudadana. Hablamos de ‘Ciudad Alternativa’, una organización que trabaja en Santo Domingo (República Dominicana). Una delegación de esta entidad ha visitado en las últimas semanas todas las provincias de Castilla-La Mancha en el marco del proyecto ‘Cooperación transformadora: inspirando acciones hacia un mundo sostenible, creando alianzas Norte-Sur en Castilla-La Mancha’, que cuenta con el respaldo del Gobierno regional y la Asamblea de Cooperación por la Paz (ACPP). Encuentros que se han puesto en marcha con el objetivo crear sinergias con diversos colectivos para abordar el derecho a la ciudad, un concepto mucho más amplio que el conocido como derecho a la vivienda en España.
En el caso de Cuenca, Patricia Gómez, coordinadora del área de Producción Social del Hábitat de Ciudad Alternativa, y Katherin Almánzar, comunicadora social y responsable de la comunicación de la organización, han mantenido encuentros con la Diputación Provincial y la Asociación sociocultural Grupo Cinco. En estas reuniones las representantes de Ciudad Alternativa explicaron los grandes logros de la organización como, por ejemplo, la paralización de los desalojos forzosos en varios municipios de Santo Domingo. En la actualidad, unas 35 comunidades de Santo Domingo podrían ser desalojadas ante la presión turística. "Les echan de sus casas y, si hacemos el cambio a euros, les dan unos 6.000 euros para que empiecen desde cero, con eso es imposible comprar una vivienda", cuentan. Si bien, a lo largo de su historia, 'Ciudad Alternativa' ya ha conseguido frenar numerosos desalojos, a pesar de que desde la pandemia de la Covid-19 han aumentado las amenazas.
Si bien, desde 'Ciudad Alternativa' han conseguido desarrollar un proyecto de ley para que se proteja a las comunidades y familias asentadas en estos barrios desde hace más diez años. Esta norma todavía está tramitandose pero podría dar un giro de 180º a esta problemática.
