Rescani deja la perrera por falta de licencia de actividad

Las representantes legales de la protectora belga Rescani en Cuenca, Sonia Camino y Carmen Manteiga, han abandonado esta semana la gestión del albergue provincial de animales ubicado en El Terminillo argumentando que Diputación se lo adjudicó sin que la instalación contara con licencia de actividad y ante el temor de que, fruto de ello, si alguien les denunciaba pudieran tener que afrontar una sanción económica.

Este miércoles sus gestoras comenzaron a retirar sus pertenencias del albergue y a llevarse a los en torno a 60 perros que se encontraban en este espacio a una residencia que han concertado temporalmente tras solicitar a Agricultura el permiso para trasladar a los animales, a los que en breve confían no obstante en encontrar una nueva ubicación. Ya el 31 de enero habían dejado de prestar el servicio de asistencia a los municipios.

Según apunta Camino, antes de tomar esta medida intentaron llegar a un acuerdo con Diputación, pidiéndole que, “puesto que las instalaciones no son legales”, les hicieran un contrato menor que les permitiera gestionarlas sin la posibilidad de ser denunciadas hasta que el albergue obtuviera la debida licencia administrativa.

Pero aseguran que la Diputación se negó a ello aunque esta semana, a través de una nota de prensa, el diputado de Asistencia Técnica al Municipio, Francisco Javier Domenech, señalaba que próximamente “con toda probabilidad se podrá arbitrar una fórmula que permita realizar un contrato menor con una empresa para prestar este servicio de manera transitoria y hasta que se celebre un nuevo concurso”.

“Van a hacer lo que no han querido hacer con nosotros, entendemos que porque tienen otros intereses, de que hay algo detrás. Veremos cómo dentro de poco se quedan con la perrera Tragsa o Eulen”, critica Camino.

Domenech apuntaba en la misma nota de prensa que “el albergue cuenta con todos los permisos y autorizaciones necesarios para prestar su función”, pero, según un escrito de la Gerencia de Urbanismo fechado el 24 de junio de 2014, la licencia de actividad se encuentra “paralizada por no haber sido subsanado un informe del arquitecto municipal con fecha de 17 de septiembre de 2002”. Es decir, que el albergue carece de licencia de actividad desde que abrió sus puertas.

“Nosotras les pedimos que no mientan diciéndonos que las instalaciones son legales, y que reconozcan que convocar un concurso en esta situación no es legal”, insiste Camino.

POCOS INGRESOS

Estos dos miembros de Gescani aseguran que el albergue no les permitía cubrir unos gastos de mantenimiento mínimos. Los ayuntamientos pagaban 84 euros por cada perro que la protectora recogía, cantidad que consideran insuficiente, máxime cuando ha bajado la demanda de los consistorios y Rescani ha pasado de recoger entre 100 y 200 perros al mes a entre 30 y 40, aseguran.

“El dinero que obteníamos no podía darnos para gran cosa cuando hay que recoger a los perros, tener contratado a un veterinario o comprar comida y vacunas para los animales”, señala Camino.

DENUNCIA

En diciembre del pasado año, Camino y Manteiga denunciaron en los tribunales que Diputación les había adjudicado la gestión de la perrera en junio de 2013 sin la debida licencia y ser víctimas de “una campaña de difamación” por parte de un particular, que les acusaba de actuar ilegalmente en la perrera, cuando ellas aseguran que se cumplían con los 21 días reglamentarios que exige la ley antes de poder dar la eutanasia a un animal.