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Más de 250 vehículos participan en la marcha contra la 'ley Celaá'

La protesta ha sido organizada por la plataforma 'Más libres, más plurales, más iguales', que considera que la nueva normativa relega a la enseñanza concertada

Más de 250 vehículos participan en la marcha contra la 'ley Celaá'
Foto: Saúl García
22/11/2020 · Dolo Cambronero

A golpe de claxon y entre globos y lazos naranjas, y con alguna bandera de España, más de 250 vehículos entre coches y motos han participado en Cuenca en la marcha motorizada organizada por la plataforma ‘Más libres, más plurales, más iguales’ en diferentes ciudades del país en contra de la Lomloe (Ley Orgánica de Modificación de Ley Orgánica de Educación), conocida como ‘Ley Celaá’.

Según indican fuentes municipales, la protesta ha transcurrido sin incidentes y la media de ocupación de los turismos era de tres personas.

La manifestación, en la que también han participado numerosos niños, ha recorrido varias calles del centro de la capital tras partir sobre las once de la mañana del Paseo del Ferrocarril, finalizando en las inmediaciones del hospital Recoletas.

La protesta parte de la plataforma ‘Más libres, más plurales, más iguales’ -integrada por la Confederación Católica de Asociaciones de Padres y Madres de Familia (Concapa), los sindicatos FSIE (Federación de Sindicatos Independientes de Enseñanza) y FEUSO (Federación de Enseñanza de la Unión Sindical Obrera), y las organizaciones de Escuelas Católicas y CECE (Confederación Española de Centros de Enseñanza)-, que entiende que esta nueva normativa que salió adelante el pasado jueves en el Congreso de los Diputados relega a la enseñanza concertada, reduce la enseñanza de religión “a la categoría de anécdota” y compromete la viabilidad de los centros específicos de educación especial, entre otras cuestiones.

En Cuenca, Mamen Pérez Aranda, del sindicato FSIE, considera que esta ley “está amenazando los verdaderos derechos democráticos, la pluralidad y libertad de pensamiento que tanto defiende nuestra Constitución”.

Aunque hace hincapié en que sí que están a favor de la escuela pública, critica sin embargo que "lo más importante es que la ley cambia el derecho a la educación por el derecho a una educación pública”. "Mejorar la calidad de los centros no va por destruir la concertada sino por hacer una mayor inversión en educación”, apunta.

A su juicio, debe haber una diversidad de centros en los que se transmitan valores “de diferente forma y con diferente metodología” y con esta nueva normativa, “la escuela única lo que va a hacer es distanciar las clases sociales” porque los ricos podrán pagar otros centros y “los pobres no podrán elegir y solo podrán ir a la escuela pública”.

Por su parte, Rafael, un padre que ha acudido a la protesta con su familia y que decía no pertenecer a ningún colectivo, señala que se han sumado a la convocatoria para “echar abajo la ley Celaá”. “No vamos a dejar que mis hijos lleguen a ser lo que quiera alguien que sean”, recalca, al tiempo que asegura que sus niños van a un colegio público.

A la protesta también se han sumado representantes políticos como el presidente provincial del PP, Benjamín Prieto; y la concejala de Ciudadanos en el Ayuntamiento de Cuenca, Cristina Fuentes Paños, entre otros.

A juicio de Fuentes, la ley Celaá va contra “la igualdad y la libertad y los centros de educación especial”, al tiempo que ataca la lengua española como lengua vehicular”. “Creemos que es una ley que nos involuciona en el pasado y que realmente perjudica y hace daño a la sociedad”, añadía la concejala.

Aunque desde el Gobierno central se insiste en que esta normativa no supone la desaparición de los centros concertados ni pone en riesgo la supervivencia de los centros de educación especial, la edil indicaba que “cada cual interpreta las leyes como le interesa”. “Entendemos que es una ley anticonstitucional”, concluía.

Hay que recordar que la conocida como 'ley Celaá' -que fue rechazada por PP, Vox, Ciudadanos, Coalición Canaria, UPN, Foro Asturias y Partido Regionalista Cántabro y aún debe pasar por el trámite del Senado- incluye, entre otras cuestiones, que el castellano deja de ser lengua vehicular en la enseñanza, que en el plazo de diez años los centros ordinarios tengan los medios para escolarizar al alumnado de los centros de Educación Especial o que las administraciones darán suelo público gratis solo para construir centros públicos y no concertados.

En el lado opuesto a la plataforma 'Más libres, más plurales, más iguales', desde otros colectivos critican justamente lo contrario: que no se vaya más allá y se saque la asignatura de Religión de los centros y que no se financie a los concertados, entre otros aspectos.

En una entrevista publicada este domingo en El País, la ministra del área, Isabel Celaá, hace hincapié en que la nueva normativa pretende reforzar la equidad en lugar del elitismo.

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