El PP llevará a los tribunales el Plan XCuenca por posibles irregularidades

El Partido Popular de Cuenca ha anunciado este jueves que emprenderá acciones judiciales por las presuntas irregularidades detectadas en la tramitación del convenio del Plan XCuenca, suscrito entre el Ayuntamiento de Cuenca, la Diputación Provincial y ADIF.

La presidenta del Grupo Municipal Popular, Bea Jiménez, y el concejal Juan Guadalajara han explicado que los servicios jurídicos del partido ya están estudiando la documentación para determinar si los hechos podrían constituir algún delito, qué actuaciones emprender y ante qué órgano judicial presentar la correspondiente denuncia.

En una rueda de prensa, ambos dirigentes han denunciado lo que consideran una sucesión de contradicciones, falta de transparencia y posibles irregularidades en torno a la vigencia del convenio que regula las actuaciones previstas sobre los antiguos terrenos ferroviarios.

"Vamos a acudir a la justicia para que sea la justicia quien nos diga qué ha pasado con estas tramitaciones", ha anunciado Jiménez, quien ha insistido en que el objetivo de su formación es esclarecer las circunstancias en las que se ha gestionado el acuerdo y las discrepancias existentes entre la documentación oficial y las explicaciones ofrecidas por las distintas administraciones.

El principal motivo de las sospechas del PP se encuentra en la prórroga del convenio, firmado en septiembre de 2022 con una vigencia inicial de cuatro años. Guadalajara ha recordado que el pasado 22 de septiembre su grupo advirtió de la posible caducidad del acuerdo, mientras que el alcalde de Cuenca, Darío Dolz, respondió al día siguiente que el convenio estaba "más que vivo".

Sin embargo, el concejal popular ha detallado que ese mismo 23 de septiembre el alcalde solicitó un informe jurídico para determinar si la prórroga debía aprobarse en el Pleno municipal o podía tramitarse a través de la Junta de Gobierno Local.

Posteriormente, el 30 de septiembre, los servicios jurídicos de la Diputación emitieron un informe que interpretaba que el convenio continuaba vigente debido a la suspensión de los plazos durante la tramitación de los recursos judiciales relacionados con el cierre de la línea ferroviaria convencional.

Según ha explicado Guadalajara, esta interpretación fue asumida por la comisión de seguimiento del convenio en una reunión celebrada el 13 de octubre, en la que se habría determinado que no era necesario aprobar ninguna adenda y que el acuerdo permanecería vigente hasta marzo de 2028.

La sorpresa, según el PP, llegó con la publicación en el Boletín Oficial del Estado, el pasado 24 de octubre, de una adenda fechada el 2 de septiembre que prorrogaba el convenio hasta septiembre de 2030.

Esta circunstancia ha llevado a los populares a cuestionar por qué se solicitaron informes jurídicos y se celebró una reunión de la comisión de seguimiento para analizar la vigencia del convenio si, según la documentación publicada oficialmente, la prórroga ya se había firmado semanas antes.

"¿Por qué se pidieron después los informes jurídicos si ya esa adenda se había firmado el 2 de septiembre?", ha preguntado Jiménez, quien también ha cuestionado por qué el alcalde no informó de la existencia de ese documento cuando fue preguntado públicamente por la posible caducidad del acuerdo.

Por su parte, Guadalajara ha asegurado que, según la documentación de la que dispone el Grupo Municipal Popular, la adenda no ha sido aprobada ni por el Pleno del Ayuntamiento ni por la Junta de Gobierno Local.

Preguntados expresamente sobre la posibilidad de que se hubiera cometido un delito de falsedad documental, los representantes populares no han confirmado que esa sea la figura penal que finalmente plantearán ante la justicia.

"Nosotros no somos quién para determinar qué tipo de delito hay ahí", ha respondido Jiménez, quien ha señalado que corresponde a los servicios jurídicos estudiar los hechos y determinar las posibles responsabilidades.

Tampoco han concretado si las acciones se dirigirán por la vía penal o contencioso-administrativa, ni ante qué juzgado o tribunal se presentarán. Por tanto, el PP todavía no ha formalizado una denuncia judicial, aunque ha expresado su intención de hacerlo una vez concluya el análisis jurídico.

"Me parece que el BOE publique una reunión y una firma de una adenda, si no ha existido, es lo suficientemente grave como para llevarlo a los tribunales", ha manifestado Jiménez, que ha insistido en la necesidad de conocer qué ocurrió realmente.