Advierten de que la gestión de la perrera no mejorará si Diputación no aumenta su partida

En torno a dos centenares de personas se han concentrado este lunes por la tarde en la plaza de la Hispanidad bajo el lema ‘Sacrificio cero’ para denunciar la “desastrosa” situación en que a su entender se encuentran las instalaciones de la perrera provincial, que desde noviembre del pasado año está gestionada de forma directa por la Diputación tras la rescisión del contrato a Olescan y que ahora mismo tiene en marcha un concurso para volver a adjudicarla que los manifestantes, convocados por el Bloque Antiespecista de Cuenca, advierten de que volverá a dar problemas.

La situación es complicada, aseguran a Las Noticias, porque la perrera provincial, en marcha desde el año 2002 en El Terminillo, no tiene unas instalaciones con capacidad para albergar todos los perros abandonados que aparecen en la provincia salvo que se sacrifique a los animales pasados los 20 días de espera que marca la legislación si en ese periodo no han encontrado un nuevo dueño. En concreto, aseguran que en ella apenas tienen cabida un centenar de perros, cuando según la Ley de Bienestar Animal de 1990 se debe dar cabida al equivalente al 2 por ciento del censo poblacional, unos 4.000 perros.

Y a ello hay que añadir la escasez de presupuesto con que la Diputación está dotando a este recurso, 100.000 euros anuales, una cantidad que consideran insuficiente para prestar un servicio en condiciones de mantenimiento, servicio de veterinario, recogida de perros en las 200 localidades que están dentro del convenio, búsqueda de gente interesada en acoger los perros o su sacrificio.

“Recoger perros abandonados en toda la provincia, mantenerlos, darles salida o sacrificarlos no es gratis. Hacen falta unas instalaciones mejores y más dinero”, advierten.

Así, además de clamar contra la gestión que en estos meses están realizado la Diputación Provincial, que entre otras cosas aseguran que no está prestando el servicio de recogida de perros (lo que también atenta contra la Ley de Bienestar Animal de 1990) ni ofreciendo un adecuado cuidado a los animales, denuncian que para su nueva adjudicación la asignación económica prevista vaya a ser de nuevo insuficiente y que no se vayan a valorar proyectos que apuesten por el sacrificio cero de animales.

Años de problemas

Hay que recordar que la perrera provincial lleva años sin encontrar su estabilidad. De su apertura hasta 2011, cerca de diez años, fue gestionada por un veterinario que según apuntan fuentes consultadas por Las Noticias sí contaba con varios convenios que le permitían sacar el trabajo adelante pero entre 2011 y 2013 pasó a manos de la asociación conquense ArcoAiris, que aguantó los dos años de su concesión sin sacrificar perros pero con muchos problemas y con ayuda económica del extranjero.

Después, en junio de 2013 el servicio le fue adjudicado a la protectora belga Rescani, cuyas dos responsables acabaron abandonando las instalaciones a principios de 2015 tras ser objeto de amenazas y pintadas y constatar que la financiación recibida era insuficiente para sacar el recurso adelante. Y la propia Diputación fue quien optó por retirar, en junio de 2016, el contrato a la última concesionaria, Olescan, que apenas aguantó ocho meses, por incumplimiento del contrato, aunque los manifestantes de este lunes aseguran que todos los gestores del recurso han incumplido el contrato ante la escasez de recursos económicos.