Piden 10 años de cárcel a un hombre por encerrar, amenazar y agredir a su pareja

 La Audiencia Provincial de Cuenca juzga este miércoles a un hombre acusado de detención ilegal, lesiones, amenazas y un delito contra la integridad moral en el ámbito de la violencia de género. Hechos ocurridos en Tarancón entre septiembre de 2024 y febrero de 2025 y por los que podría enfrentarse a diez años de prisión.

Según el escrito de de calificación provisional de la acusación, el procesado -de nacionalidad marroquí– habría sometido a su pareja a un clima continuado de control, insultos, amenazas y episodios de violencia física y psicológica desde que la mujer se trasladó a vivir con él a España en septiembre de 2024. Los hechos se habrían producido en el domicilio común de la pareja en Tarancón.

La Fiscalía sostiene que, además de expresiones vejatorias reiteradas, el acusado llegó a agredir a la víctima propinándole bofetadas en el rostro, y a amenazarla con echarla de la vivienda para que viviera en la calle y pidiera limosna. También se le atribuye un control permanente de sus movimientos y la restricción de sus relaciones sociales, impidiéndole aprender el idioma o relacionarse con otras personas.

El episodio más grave, según el Ministerio Público, se produjo en las últimas semanas de la relación, cuando el acusado habría encerrado a la mujer en la vivienda, impidiéndole salir, retirándole las llaves y dejándola sola durante largos periodos. Esta situación se habría prolongado más de tres días, hasta que el 10 de febrero de 2025, sobre las 20.30 horas, la víctima fue rescatada por los bomberos de Tarancón. Al día siguiente, el acusado ingresó en prisión provisional, donde permanece desde el 11 de febrero de 2025.

Los hechos están calificados como un delito contra la integridad moral, un delito de lesiones, un delito de amenazas y un delito de detención ilegal, todos ellos en el ámbito de la violencia de género. En el caso de la detención ilegal, la Fiscalía aprecia además las agravantes de parentesco y de género.

Por estos delitos, el Ministerio Público solicita dos años de prisión por el atentado contra la integridad moral; un año de prisión por las lesiones y otro por las amenazas; y seis años de prisión por la detención ilegal. A estas penas se suman prohibiciones de aproximarse y comunicarse con la víctima durante periodos de entre dos y siete años, así como la prohibición de tenencia y porte de armas durante hasta cinco años.

Además, la Fiscalía reclama el pago de las costas procesales y una indemnización de 3.000 euros a la víctima en concepto de daños morales, cantidad que devengará los intereses legales correspondientes. También solicita que, en caso de sentencia condenatoria, se mantengan las medidas cautelares hasta el inicio del cumplimiento efectivo de las penas de alejamiento.