Los locales de juego deberán estar, como mínimo, a 300 metros de un colegio

La nueva ley del juego de Castilla-La Mancha presenta una serie de novedades dirigidas a proteger a los colectivos vulnerables, entre las que destacan la distancia mínima de 300 metros de los establecimientos de juego respecto a los colegios o de 150 metros entre ellos, la prohibición de la publicidad de estos locales y la posibilidad de que los ayuntamientos declaren 'zonas saturadas' de locales de juego.

El Consejo de Gobierno reunido este martes ha tomado en consideración el anteproyecto de ley de régimen administrativo y del juego de Castilla-La Mancha, que vendrá a sustituir la actual ley vigente desde 2013 con la que han proliferado en la región este tipo de establecimientos del sector de juego privado, con la consiguiente preocupación social de los padres.

"Tenemos demasiados establecimientos de juego en relación con la población", ha asegurado el consejero de Hacieda, Juan Alfonso Ruiz Molina, quien ha apuntado que Castilla-La Mancha pasó de tener 51 establecimientos antes de 2013 a doscientos en 2020, "se ha multiplicado por cuatro en siete años" debido a la "laxitud" de la normativa actual que ha situado a esta región como una de las de mayor densidad de locales de juego, 9 por cada 100.000 habitantes, frente a los 7 de Madrid, los 2 de Cataluña, los 3 de Galicia o los 5 de Castilla y León.

El consejero ha explicado que en la nueva ley se revisa también el régimen sancionador, de forma que se incluyen como conductas muy graves algunas que ahora no están previstas, como permitir la entrada de menores y de ludópatas que hayan pedido estar incluidos en una lista de prohibición de acceso, así como el incumplimiento de horarios; y todo ello con sanciones "muy importantes" y "ejemplarizantes" para que no resulte más beneficioso pagar la sanción.

Ruiz Molina ha explicado que con esta ley se da cumplimiento al compromiso del presidente de la región, Emiliano García-Page, ante "la rápida e importante expansión del sector del juego privado y la consiguiente preocupación de los padres por los hijos", y con el objetivo de "equilibrar" los intereses de esta actividad económica con las consecuencias negativas del juego sobre todo en grupos vulnerables como los menores de edad, los ludópatas y las personas con incapacidad legal o psiquiátrica.

En 2016, ha continuado, el Gobierno regional intentó reducir las nuevas autorizaciones, pero resultó insuficiente con los instrumentos jurídicos disponibles en la ley de 2013, lo que supuso que en 2018 se alcanzaran los 221 locales en la comunidad autónoma, momento en el que se decidió la redacción de esta nueva norma, "de gran complejidad técnica y jurídica”, ha precisado.

Otras novedades que ha mencionado el consejero son que se introduce por primera vez en la normativa regional un conjunto de principios rectores sobre los que se sustentarán las políticas públicas de esta Administración en materia de juego, que pasan por la prevención y el fomento del juego responsable, para lo cual se establece la creación del Observatorio de Juego Responsable, con el fin de proponer todas políticas públicas encaminadas hacia las buenas prácticas.

También se fija un régimen de publicidad más restrictivo, prohibiéndola en general, con unas excepciones muy tasadas, como la realizada en el interior de los propios locales de juego, aquélla que se inserta en publicaciones específicas dirigidas al sector o el patrocinio.

Otra de las novedades tiene que ver con la ubicación de los establecimientos de juego, que no podrán estar situados a una distancia inferior a 150 metros entre sí para evitar una excesiva concentración, a la vez que deberán guardar una distancia mínima de 300 metros respecto a los accesos principales a centros oficiales de enseñanza reglada para impedir que sean un reclamo para los estudiantes, si bien, esta medida no afectará a bingos o casinos.

No obstante, la limitación en cuanto a las distancias no puede afectar a los establecimientos que ya están autorizados, pero sí cuando vayan a solicitar la renovación, y en este sentido, se establece un régimen transitorio que afecta fundamentalmente a los establecimientos cuya fecha de renovación está más próxima.

En cualquier caso, el 31 de diciembre de 2028 se han de cumplir los requisitos de ubicación de todos los locales que estén en funcionamiento en la región.

El anteproyecto de ley se remite ahora al Consejo Consultivo para que emita un dictamen, tras analizar las observaciones el Consejo de Gobierno lo vuelve a aprobar como proyecto de ley y remitirlo a las Cortes a finales de abril o primeros de mayo para su aprobación.