El anteproyecto Ley de Medidas sociales, económicas y tributarias frente a la Despoblación y para el desarrollo del Medio Rural de Castilla-La Mancha llegará en las próximas semanas -previsiblemente en el mes de febrero- al Consejo de Gobierno para su aprobación y posterior remisión al Consejo Consultivo de tal manera que se estima que pueda ser debatido en las Cortes de Castilla-La Mancha en el mes de abril.
Así lo ha señalado el vicepresidente regional, José Luis Martínez Guijarro, durante su intervención en el Parlamento autonómico durante el debate sobre el dictamen de la Comisión no Permanente sobre Despoblación que se ha venido celebrando en los últimos meses y en la que se han desarrollado un total de 47 ponencias de entidades, instituciones, personas y especialistas que han comparecido para hacer análisis y propuestas para intentar revertir esta situación que afecta a amplias zonas de nuestra región, y nuestro país.
En este punto, Martínez Guijarro ha señalado que el Ejecutivo regional ha seguido muy de cerca el desarrollo de esta Comisión, por lo que gran parte de las medidas que se han incorporado al borrador de la Ley coinciden con el dictamen que ha resultado. Tanto así que, tal y como ha apuntado, “el 90% de las conclusiones de la comisión, las que tienen carácter normativo, ya están recogidas en el texto de la Ley de medidas económicas, sociales y tributarias contra la Despoblación en Castilla-La Mancha”.
Asimismo, el vicepresidente ha insistido en que el Gobierno autonómico va a incluir las restantes en la Estrategia -herramienta a través de la que se desarrolle y aplique la futura norma, y que se está desarrollando de manera paralela- con la intención de que pueda tener recorrido a largo plazo, más allá de las legislaturas, independientemente de quien gobierne.
Además, ha avanzado que el Gobierno de Castilla-La Mancha está diseñando un proceso de participación para la Estrategia abierto a la ciudadanía en general, que se pondrá en marcha en el mes de febrero, y que servirá para conocer la opinión acerca de la despoblación que tiene la ciudadanía castellano-manchega, así como los elementos o servicios que decantarían la decisión de vivir en el medio rural.
Consenso para enfrentar la despoblación
En su intervención ha reiterado el compromiso del presidente García-Page de gobernar con acuerdos y consenso con el resto de partidos políticos y con el conjunto de la sociedad, una seña de identidad que también se ha aplicado en materia de despoblación.
En este sentido, ha destacado la firma del Pacto contra la Despoblación en Castilla-La Mancha suscrito entre el Gobierno regional, los agentes sociales, la Federación Española de Municipios y Provincias y los grupos de desarrollo rural en Brihuega (Guadalajara) el pasado 28 de febrero. “Fuimos la primera Comunidad Autónoma en suscribir un acuerdo de estas características al que se han adherido 285 ayuntamientos, las 5 diputaciones y 51 entidades”, ha dicho.
930 millones movilizados a través de la ITI
Durante su alocución, Martínez Guijarro ha destacado el trabajo que se viene realizando desde la pasada legislatura por el Gobierno de Castilla-La Mancha impulsando medidas en diversos ámbitos, alguna de ellas muy novedosas, a nivel nacional y europeo.
Se refiere a la puesta en marcha de la Estrategia de Inversión Territorial Integrada, la conocida ITI, como herramienta de lucha contra la despoblación con un planteamiento de fondo de discriminación positiva hacia aquellas zonas afectadas por la pérdida demográfica, “que nos ha permitido poner a disposición de estas zonas 930 millones de euros a través de 154 convocatorias, a las que habría que sumar las 9 convocatorias de expresiones de interés para facilitar el acceso a las corporaciones locales a 117 millones de euros de los Fondos FEDER que disponía la Comunidad Autónoma para el periodo 2014-2020”.
Unanimidad en el documento
Las Cortes de Castilla-La Mancha han aprobado este jueves, por unanimidad de los 32 diputados presentes en el pleno del Parlamento autonómico, el documento elaborado por la Comisión no permanente de estudio para alcanzar un Pacto contra la Despoblación en la región.
Las principales conclusiones pasan por que la revisión del modelo de financiación autonómica y local debe incluir criterios en los que se tenga en cuenta el coste real de los servicios prestados; incentivos fiscales del conjunto de las administraciones públicas, la utilización de los fondos estructurales y de inversión europeos y de los fondos 'Next Generation', la integración de la perspectiva de género en todas las actuaciones y la simplificación normativa y administrativa para erradicar frenos al desarrollo de proyectos.
Asimismo, el dictamen de la comisión también propone incorporar el impacto demográfico en la elaboración de las leyes y reglamentos, la colaboración público-privada, el diseño de una estrategia estatal y regional contra la despoblación, la definición de las zonas rurales de prioridad demográfica, y la incorporación de criterios de discriminación positiva y medidas de apoyo específico en las zonas rurales afectadas por la despoblación.
Valoración de los grupos
Por parte de los grupos parlamentarios, la portavoz de Ciudadanos (Cs), Carmen Picazo, ha abogado por la unidad para trabajar en contra de la despoblación porque "todos tenemos un compromiso compartido y las herramientas institucionales para tomar medidas".
Picazo ha considerado que ha sido la formación naranja la que ha "abierto el melón" de esta problemática en las Cortes regionales, al tiempo que ha reprochado a "los viejos partidos" que hayan "dado la espalda" durante años a este fenómeno.
De su lado, el diputado regional del PP Benjamín Prieto ha apostado también por el consenso para que el documento elaborado en la comisión se convierta en "acciones concretas" que luchen por aprovechar las oportunidades del territorio.
Prieto ha afeado al Ejecutivo autonómico que hasta el momento haya trabajado en este asunto "por libre", con la firma del Pacto contra la despoblación y el borrador de la futura Ley.
Y el parlamentario socialista Francisco Pérez Torrecilla, por su parte, ha defendido el "buen documento" que ha salido de la comisión de las Cortes porque recoge un conjunto de propuestas, algunas transversales y otras en relación a los ámbitos económico, social y territorial, que a su juicio son necesarias para la conexión del territorio.
No obstante, ha incidido en que la lucha contra la despoblación es "un combate a medio y largo plazo" y ha agregado que la clave está en "no perder el tiempo y empezar a ejecutar las medidas".
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