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ATC Villar de Cañas

El PP cree que las sentencias del TS ratifican que la Junta se opone al ATC solo por intereses políticos

Los populares lamentan que el Ejecutivo de García-Page “utilice sin escrúpulos cualquier medida, para tratar de minar una inversión por el mero hecho de que fue canalizada por un gobierno popular”

El PP cree que las sentencias del TS ratifican que la Junta se opone al ATC solo por intereses políticos
3/10/2020 · Las Noticias

El Partido Popular de Cuenca ha afirmado en nota de prensa que las últimas sentencias del Tribunal Supremo no hacen más que “ratificar que la Junta de Comunidades solo se opone a la construcción del ATC por intereses políticos, nunca ambientales al haber canalizado la inversión un Gobierno Estatal del Partido Popular”. Reacción ésta de los populares ante la desestimación del Supremo del recurso de Casación del Gobierno de García-Page contra sentencia del Tribunal Superior de Justicia de Castilla-La Mancha contra la ampliación de la Zona de Especial Protección para las Aves, ZEPA, que la Administración Autonómica quería llevar a cabo en la laguna de El Hito.

Para los populares conquense, “la Junta solo ha utilizado a su antojo y de manera torticera unos métodos que ahora la Justicia demuestra de manera definitiva que no han sido legales”, aal tiempo que lamentan que toda esta artimaña, por parte de García-Page y su gobierno, “no ha hecho más que profundizar en los problemas de desarrollo y de inversión que tiene toda la comarca conquense del entorno Villar de Cañas y privarles de una inversión de cerca de 1.500 millones de euros que hubieran repercutido en generación de trabajo, de riqueza y de bienestar para los vecinos en lo que es claramente un abuso de poder”. Los populares se refieren a sendas sentencias, una conocida el pasado 30 de septiembre y notificada a la entidad ONYHER SL y otra publicada ayer, 2 de octubre, y dirigida al Ayuntamiento de Villar de Cañas. En ambas el Alto Tribunal falla en contra de la Junta de Comunidades y da al traste definitivamente con los planes del Gobierno de Page de ampliar la ZEPA de la laguna de El Hito de las 1.000 hectáreas actuales hasta las 24.000, “sólo para torpedear la construcción del ATC”.

Los populares destacan especialmente un párrafo demoledor del Alto Tribunal en ambas sentencias, en el que señala que "lo que no cabe en ningún caso, es perseguir una finalidad subrepticia de obstrucción del ejercicio de la competencia estatal, amparándose en la apariencia de la necesidad de ampliación y conservación de espacios naturales, por muy loable que pueda resultar tal propósito". De ahí que aseguren que “esta sentencia nos demuestra que por mucho que la Junta se oponga al ATC no ha tenido jamás ningún argumento sólido en su contra más que sus propios intereses políticos y de confrontación con una administración que no era de su mismo signo político”.

ALTERNATIVA AL ATC

Los populares preguntan a García-Page sobre “¿dónde está la alternativa al ATC que prometió hace cinco años y medio al alcalde de Villar de Cañas cuando le citó en Fuensalida? ¿Cómo les va a explicar a los vecinos de estos municipios y a la provincia de Cuenca que paraliza inversiones sólo porque son canalizadas por un gobierno del Partido Popular?”, insisten. Para la formación política a la gravedad del torpedeo de esta inversión se une “el uso de recursos públicos de la administración regional en defender una maniobra únicamente política y nunca por el interés general”, además de “dar trabajo a la Justicia cuando Page y su consejero de Medio Ambiente sabían de sobra que la ampliación de la ZEPA era un auténtico disparate”.

Por último, el PP ha querido destacar el trabajo y tesón del Ayuntamiento de Villar de Cañas, en especial de su alcalde, José María Saiz, “defendiendo la legitimidad y la legalidad de un proyecto beneficioso para su pueblo y la comarca”. Los populares ratifican el comunicado público emitido desde el Consistorio que explica cómo todas las resoluciones judiciales dictadas desde 2011, además de los informes técnicos, geológicos y científicos han avalado que se siga con la con el ATC, “no se puede derribar lo ya construido y la obligación de los actuales gestores públicos es terminar las obras”, concluyen.

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